El presidente Javier Milei designó a María Inés Brogin Alba como nueva subsecretaria de Culto y Civilización, un área estratégica que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 442/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La funcionaria se desempeñaba hasta ahora como subsecretaria de Gestión Administrativa en el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y dará el salto a la Cancillería para ocupar una de las principales posiciones vinculadas a la relación del Estado con las distintas confesiones religiosas.
La designación lleva las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno. En el texto oficial se establece que Brogin Alba asumirá al frente de la Subsecretaría de Culto y, además, se le asignará la categoría de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a los efectos protocolares mientras permanezca en el cargo.
El decreto también dispone que la nueva funcionaria contará con rango protocolar de embajadora, una facultad prevista en la Ley del Servicio Exterior de la Nación para determinados cargos vinculados a la política exterior y las relaciones institucionales del Estado.
La Subsecretaría de Culto tiene entre sus funciones la articulación con las distintas organizaciones religiosas que desarrollan actividades en el país, además de colaborar en la construcción de vínculos institucionales con entidades y autoridades eclesiásticas del exterior.
Antes de desembarcar en el Gobierno nacional, Brogin Alba acumuló experiencia en distintas áreas de la administración pública. Durante la gestión de Mauricio Macri fue coordinadora de Servicios de la Casa de Gobierno.
También ocupó cargos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó como prosecretaria letrada del Consejo de la Magistratura porteño y como subgerente de Asesoramiento Legal del Gobierno de la Ciudad.
Su llegada a Cancillería se produce en medio de una reorganización de áreas dentro de la estructura nacional y refuerza la presencia de funcionarias con experiencia administrativa y jurídica en puestos clave de la gestión libertaria.