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11/06/2026 - Edición Nº1220
Política
Oposición unida
Derrota de LLA en Diputados: refugios, dinero y patrocinio gratis por violencia de género
11/06/2026 | La iniciativa establece la declaración de la emergencia nacional en materia social por violencia de género durante dos años. Logró un paso clave.
La marcha del 3 de junio por el Ni Una Menos tuvo una masiva concurrencia.
En una nueva muestra de articulación entre distintos espacios opositores, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados emitió este miércoles un dictamen de mayoría para declarar la emergencia pública nacional en materia de violencia por razones de género contra mujeres y diversidades por un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga.
La iniciativa, impulsada por la exdiputada nacional Mónica Fein y acompañada por el legislador Esteban Paulón, consiguió el respaldo de bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, mientras que La Libertad Avanza anticipó su rechazo. El proyecto deberá ahora atravesar la Comisión de Presupuesto y Hacienda antes de quedar en condiciones de llegar al recinto.
Una nueva convergencia opositora en Diputados
La reunión fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Gabriela Estévez, de Unión por la Patria, y sirvió para consolidar una mayoría transversal entre distintos sectores opositores alrededor de una agenda común.
El dictamen unificó iniciativas presentadas por Fein y por la diputada Nancy Sand, también de Unión por la Patria, y sumó el acompañamiento del Frente de Izquierda, que firmó con disidencias parciales vinculadas principalmente al financiamiento de las medidas propuestas.
La discusión se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos opositores al Gobierno de Javier Milei por la eliminación de programas específicos y el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, una de las principales argumentaciones expuestas en los fundamentos del proyecto.
Qué propone la declaración de emergencia
La iniciativa establece la declaración de la emergencia nacional en materia social por violencia de género durante dos años, con la finalidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y erradicación de estas violencias, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral.
Entre las medidas previstas se encuentran la reasignación de partidas presupuestarias, la asistencia económica a víctimas y familiares de femicidios, transfemicidios y travesticidios, la creación de dispositivos de atención especializados y el fortalecimiento de la coordinación entre los distintos niveles del Estado.
Asimismo, el proyecto contempla la creación de un sistema de alerta temprana, la ampliación de las casas de protección para personas en situación de riesgo, la implementación efectiva del patrocinio jurídico gratuito y el impulso a juzgados y fiscalías especializadas.
También prevé la elaboración de estadísticas oficiales, campañas masivas de difusión y medidas destinadas a garantizar el acceso a derechos vinculados con la salud sexual y reproductiva, además de la implementación de la Educación Sexual Integral.
Una asignación económica para víctimas
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de una prestación económica especial destinada a personas en situación de violencia de género que atraviesen condiciones de vulnerabilidad social.
La asistencia estaría a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y no podría ser inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. El beneficio tendría una duración inicial de seis meses y podría extenderse, en casos justificados, hasta un máximo de dos años.
La propuesta establece además que no será requisito contar con una denuncia judicial para acceder a la ayuda y que la prestación será compatible con otros beneficios sociales.
Programas de vivienda, empleo y educación
La iniciativa también incorpora medidas orientadas a favorecer la autonomía económica de las víctimas.
En ese sentido, prevé políticas habitacionales transitorias, facilidades para acceder a alquileres, programas de inserción laboral, incentivos para empresas que contraten a personas afectadas por situaciones de violencia y herramientas para garantizar la continuidad educativa y la terminalidad de estudios.
El texto reafirma además el principio de que, en los casos de violencia dentro del hogar, quien debe abandonar la vivienda es el agresor y no la víctima.
Los argumentos de los impulsores
Durante el debate, Esteban Paulón defendió el proyecto y sostuvo que "tenemos 125 intentos de femicidios en lo que va del año, uno cada 26 horas".
El diputado afirmó que "nos encontramos ante un sistema que sigue brindando y garantizando impunidad y las condiciones para que esto suceda" y vinculó la situación con "el desmantelamiento total de las políticas, el desfinanciamiento y el negacionismo".
"Creemos que el Estado tiene que volver a garantizar herramientas concretas para prevenir y erradicar la violencia de género y los femicidios", señaló, y agregó: "Si no asumimos un compromiso conjunto, pleno y amplio, para combatir la violencia de género, la sociedad por sí sola no cambia".
Por su parte, Nancy Sand expresó que sentía "un profundo dolor de volver a esta reunión con la necesidad tan urgente y triste de seguir pidiendo que nos dejen de matar".
"La violencia de género es una emergencia nacional porque así lo dice la estadística", sostuvo la legisladora, quien remarcó que "es el Estado quien debe actuar con decisión política, sensibilidad social y, fundamentalmente, con recursos reales y efectivos".
Frente a los recientes femicidios, desapariciones y hechos de violencia extrema que conmueven a nuestro país, hoy dimos un paso importante desde la Comisión de Mujeres y Diversidad.
— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) June 10, 2026
Aprobamos un dictamen construido junto a distintos bloques de la oposición para declarar la… pic.twitter.com/ROiyvRZjZS
El acompañamiento con disidencias del Frente de Izquierda
La diputada Myriam Bregman confirmó el acompañamiento del Frente de Izquierda al dictamen de mayoría, aunque con observaciones parciales.
"Creemos que la pelea es mucho más grande, ya que se necesita financiamiento concreto", afirmó.
Además, sostuvo que "no estamos discutiendo nombres, estamos discutiendo la denominación que se le da a un caso para ver cómo se caratula, cómo se investiga y cómo se ponen los recursos del Estado".
La Libertad Avanza rechazó el proyecto
Desde el oficialismo, la diputada María Gabriela Flores adelantó que La Libertad Avanza no acompañará la iniciativa.
La legisladora cuestionó la forma en que se desarrolló el tratamiento y sostuvo que "nos convocaron con dos proyectos de ley que tienen algunos problemas en su redacción".
Además, consideró que la propuesta tiene "un objetivo efectista y oportunista" y rechazó la idea de que el liberalismo sea indiferente ante la problemática.
"Nosotros no negamos la violencia contra las mujeres, al contrario. Nosotros negamos que las políticas públicas que se estuvieron haciendo hasta 2023 hayan tenido un resultado efectivo en la baja de femicidios", afirmó.
Tras obtener dictamen favorable en la Comisión de Mujeres y Diversidad, el proyecto deberá ahora ser analizado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una instancia clave para determinar la viabilidad económica de las medidas contempladas. Dicha comisión está presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch.
