11/06/2026 - Edición Nº1220

Política

Legislatura

Audaz proyecto por la crisis de IOMA: chau a copagos y afiliación obligatoria

11/06/2026 | La iniciativa viene del Frente de Izquierda. Emergencia por 180 días. Qué pasaría con la conducción del organismo.



El diputado provincial del Frente de Izquierda, Christian Castillo, presentó en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley para declarar la emergencia prestacional, económica y financiera del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y avanzar en una serie de reformas destinadas a modificar el funcionamiento de la principal obra social de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa establece una emergencia por 180 días, con posibilidad de prórroga, y propone medidas vinculadas al financiamiento, la transparencia y la democratización de la conducción del organismo.

Qué medidas plantea el proyecto

Entre los principales puntos, el texto propone declarar la emergencia del IOMA debido a la crisis prestacional, las deudas acumuladas con prestadores y el deterioro financiero que, según el legislador, afecta a la obra social.

Además, impulsa:

  • La prohibición de cobros indebidos y copagos no autorizados.
  • La obligación de garantizar la continuidad de tratamientos médicos.
  • La implementación de medidas urgentes en zonas con falta de cobertura o escasez de prestadores.
  • La creación de mecanismos para la recepción y resolución de denuncias de los afiliados.
  • La normalización de los pagos a prestadores.

El proyecto también apunta a restablecer la autarquía financiera del IOMA y a garantizar que los fondos sean transferidos automáticamente, sin intermediación del Poder Ejecutivo provincial.

La propuesta de democratizar la conducción

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la modificación de la estructura de gobierno del organismo.

Castillo sostiene que la conducción del IOMA debe quedar en manos de los trabajadores que aportan al sistema y plantea ampliar los mecanismos de participación y control sobre la administración de los recursos.

En los fundamentos del proyecto, el diputado argumenta que la publicidad de la información financiera y presupuestaria es una condición necesaria para garantizar un control democrático de la obra social.

Asimismo, cuestiona la falta de transparencia respecto de la situación económica del organismo y del destino de los aportes.

Sede de IOMA de La Plata

Qué pasaría con la afiliación obligatoria

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que no sólo mantiene la afiliación obligatoria al IOMA para los trabajadores alcanzados por el sistema, sino que defiende expresamente ese esquema.

Según Castillo, la obligatoriedad constituye uno de los pilares del modelo solidario de la obra social, ya que permite que todos los afiliados aporten un porcentaje de sus ingresos y reciban las mismas prestaciones, independientemente de su nivel salarial.

"Sin obligatoriedad no hay solidaridad", sostiene el texto entre sus fundamentos.

En ese sentido, el proyecto rechaza las propuestas de desregulación y de libre elección de obra social, al considerar que una eventual salida de los sectores con mayores ingresos pondría en riesgo el financiamiento del sistema.

Homero Giles, titular de IOMA

El fin de las excepciones para magistrados y legisladores

La iniciativa también cuestiona las excepciones vigentes para algunos sectores del Estado.

En los fundamentos se menciona particularmente a magistrados y legisladores, quienes actualmente cuentan con regímenes diferentes y no están obligados a aportar al IOMA.

Para Castillo, esa situación representa una "anomalía" que debilita el carácter solidario del sistema, ya que los trabajadores con mayores ingresos quedan por fuera de la obra social.

Por ese motivo, el proyecto propone corregir esa situación e incorporar a esos sectores al esquema general.

Una respuesta a la crisis del IOMA

El legislador del PTS-Frente de Izquierda sostiene que la iniciativa busca responder a una situación de emergencia, pero también avanzar en una transformación estructural del organismo.

"La presente ley es una respuesta a una crisis urgente, pero es también una propuesta de transformación estructural. No se limita a establecer medidas de emergencia para paliar los efectos inmediatos del desfinanciamiento: propone modificar las causas que lo generan", señala el texto.

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