El gobernador bonaerense Axel Kicillof firmó el decreto 654/2026 mediante el cual dispuso un nuevo incremento de la recompensa destinada a quienes aporten información que permita determinar el paradero de Jorge Julio López, el albañil y militante peronista desaparecido en septiembre de 2006 luego de declarar en el juicio por delitos de lesa humanidad contra el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece que quienes brinden información fehaciente podrán recibir entre 5 y 10 millones de pesos, según la relevancia de los datos aportados y los resultados obtenidos en la investigación.
La recompensa había sido creada originalmente mediante el decreto 2441 de 2006, pocos meses después de la desaparición de López. Posteriormente, fue actualizada en varias oportunidades a través de los decretos 2822/06, 1495/07, 1548/10 y 1306/22.
Ahora, a pedido de la Unidad Fiscal Federal de La Plata y ante la falta de avances que permitan esclarecer el caso, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió volver a incrementar el monto ofrecido.
El decreto firmado por Kicillof sostiene que, pese al tiempo transcurrido y a las distintas medidas investigativas desplegadas durante casi dos décadas, no se han obtenido resultados suficientes para determinar qué ocurrió con López.

La norma establece que se otorgará una suma de entre 5 y 10 millones de pesos a quienes aporten información que contribuya a encontrar al testigo desaparecido.
La distribución del dinero dependerá del mérito y la utilidad de los datos proporcionados. Además, quienes aspiren a cobrar la recompensa deberán manifestar expresamente que se presentan motivados por el ofrecimiento oficial.
Según establece el decreto, las personas que cuenten con datos podrán hacerlo bajo estricta reserva de identidad.
Las presentaciones podrán realizarse ante:
La normativa dispone que deberá garantizarse la confidencialidad de la información y la protección de la identidad de quienes colaboren con la investigación.
Además, el Gobierno bonaerense también instruyó al Ministerio de Comunicación Pública para que lleve adelante una campaña de difusión masiva de la recompensa a nivel nacional y local, con especial foco en la ciudad de La Plata y su área de influencia, último lugar donde Jorge Julio López fue visto con vida.

Jorge Julio López nació en General Villegas en 1929. Albañil de profesión y militante peronista, fue secuestrado durante la última dictadura militar y permaneció cautivo en distintos centros clandestinos de detención. Tras recuperar la libertad, se convirtió en uno de los sobrevivientes que impulsaron los Juicios por la Verdad.
Con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, López decidió declarar como víctima y testigo en el juicio contra Miguel Etchecolatz, exjefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense.
Su testimonio, brindado el 28 de junio de 2006, fue uno de los más importantes del proceso y permitió reconstruir el funcionamiento del centro clandestino de detención La Cacha.
El 18 de septiembre de 2006, un día antes de que se conociera la sentencia contra Etchecolatz, Jorge Julio López salió de su casa en La Plata para dirigirse a los tribunales, pero nunca llegó.
Vecinos aseguraron haberlo visto caminando solo por las inmediaciones de su domicilio y desde entonces no se volvió a tener noticias sobre su paradero.
Al día siguiente, Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Durante la lectura de la sentencia, una fotografía tomada por el reportero gráfico Leo Vaca mostró al represor sosteniendo un papel con la inscripción manuscrita "Jorge Julio López", imagen que se convirtió en uno de los símbolos más impactantes del caso.
La desaparición de Jorge Julio López es considerada uno de los hechos más graves ocurridos en democracia vinculados con los juicios por crímenes de la última dictadura.
A casi veinte años de su desaparición, la investigación continúa abierta y las sospechas históricas apuntan a la posible participación de sectores parapoliciales vinculados con antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad.