La escribana Adriana Mónica Nechevenko, una de las protagonistas de la investigación judicial que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también se incorporó al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado dentro de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
La adhesión de la profesional ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se conoció en medio de la creciente controversia que rodea al funcionario nacional luego de la presentación de su declaración jurada, las explicaciones sobre el origen de su patrimonio y la polémica generada por las inversiones en bitcoin que utilizó para justificar parte de su fortuna.
Nechevenko es una figura central dentro del expediente que instruyen el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Su nombre aparece vinculado a distintas operaciones inmobiliarias realizadas por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, que actualmente forman parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La incorporación de la escribana al régimen se produjo después de que el propio jefe de Gabinete y su esposa realizaran el mismo trámite. De esta manera, ya son tres personas directamente vinculadas a las operaciones patrimoniales que analiza la Justicia las que optaron por adherirse al sistema impulsado por el Gobierno para simplificar la presentación de obligaciones tributarias.

El Régimen Simplificado de Ganancias forma parte de las herramientas incluidas dentro de la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por la administración de Javier Milei.
Según la normativa, quienes adhieren quedan exceptuados de informar en detalle la composición de su patrimonio y sus consumos personales, ya que ARCA confecciona una declaración jurada preliminar utilizando la información fiscal que ya posee sobre el contribuyente.
Desde el oficialismo sostienen que se trata de una herramienta destinada a reducir la burocracia, agilizar trámites y concentrar los controles sobre grandes evasores. Sin embargo, la iniciativa despertó cuestionamientos de la oposición y de especialistas tributarios, quienes advierten que podría disminuir los niveles de control sobre la evolución patrimonial de quienes se incorporan al esquema.

Nechevenko declaró en abril ante la fiscalía federal en una audiencia que se extendió durante más de tres horas. Su testimonio estuvo centrado en las operaciones inmobiliarias realizadas por el matrimonio y especialmente en la compra del departamento ubicado sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.
Según explicó la profesional, la adquisición se realizó mediante una operatoria que incluyó una hipoteca privada por aproximadamente 200.000 dólares sin intereses, una condición excepcional para el mercado inmobiliario argentino que despertó interrogantes en la investigación.
La escribana sostuvo que no se trató de un préstamo tradicional sino de una compraventa con saldo de precio garantizado mediante hipoteca. Sin embargo, evitó brindar precisiones sobre el origen de algunos fondos utilizados por el matrimonio y derivó esas explicaciones al propio funcionario.
Tras su declaración, el juez Lijo ordenó un procedimiento en la inmobiliaria Rucci para secuestrar documentación vinculada a la operación y verificar distintos aspectos de la transacción.
La Justicia también analiza otras operaciones realizadas por el matrimonio, entre ellas la compra de una vivienda en el country Indio Cuá y distintos movimientos en efectivo que suman decenas de miles de dólares.
El nuevo capítulo se produce apenas horas después de que Adorni intentara explicar públicamente el crecimiento de su patrimonio.
Durante una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete aseguró que parte de su fortuna proviene de inversiones realizadas en bitcoin desde 2013 y afirmó haber obtenido ganancias cercanas a los 300.000 dólares.
Sin embargo, la explicación derivó en nuevas controversias luego de que comenzaran a circular registros audiovisuales de años anteriores en los que el funcionario manifestaba desconocimiento sobre el funcionamiento de las criptomonedas o expresaba reparos respecto de bitcoin como instrumento de inversión.
A eso se sumaron cuestionamientos sobre la valuación consignada en las rectificaciones de sus declaraciones juradas y observaciones realizadas por especialistas del ecosistema cripto respecto de la trazabilidad de las operaciones mencionadas por el funcionario.
En paralelo, la Justicia incorporó a la causa distintos registros documentales y audiovisuales que serán analizados para determinar la consistencia de las explicaciones brindadas sobre el origen de los fondos.
La polémica ya trascendió el plano judicial y comenzó a generar consecuencias políticas. El diputado nacional Pablo Juliano anunció la presentación de una moción de censura contra Adorni y sostuvo que los funcionarios públicos tienen la obligación de informar con precisión la composición de su patrimonio.
Además, sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical endurecieron su posición frente a los proyectos impulsados por el oficialismo vinculados a la Ley de Inocencia Fiscal, al considerar inoportuno avanzar con cambios en el régimen mientras persisten las dudas sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete.
Las críticas también alcanzaron al interior del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich volvió a diferenciarse públicamente de la Casa Rosada y calificó las inconsistencias detectadas como una "omisión ética", al tiempo que sostuvo que será la Justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, Adorni deberá afrontar en las próximas semanas una nueva instancia de exposición pública cuando concurra al Senado para presentar su informe de gestión, en una convocatoria impulsada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En ese contexto, la adhesión de Adriana Nechevenko a Inocencia Fiscal agrega un nuevo elemento a una trama que combina investigaciones judiciales, cuestionamientos patrimoniales, tensiones políticas y crecientes exigencias de transparencia sobre uno de los funcionarios más importantes del Gobierno nacional.