12/06/2026 - Edición Nº1221

Política

Tras su DDJJ

¿Cómo sigue la causa contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito?

12/06/2026 | El fiscal Gerardo Pollicita puede ampliar el objeto temporal de la investigación sobre el jefe de Gabinete.



El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza extender el período de investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. La medida se evalúa este viernes tras la entrega de la declaración jurada patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción (OA). El representante del Ministerio Público Fiscal requirió los informes contables para auditar el origen de su evolución económica.

La pesquisa judicial procura determinar la licitud de los fondos familiares luego de que el exvocero admitiera ingresos no declarados por medio millón de dólares. Las actuaciones penales se desarrollan en los tribunales de Comodoro Py bajo la supervisión técnica del juez federal de la Nación, Ariel Lijo. La tramitación sumó una presentación por presunta falsedad ideológica impulsada por legisladores de la oposición en la Cámara de Diputados.

El núcleo del conflicto procesal radica en la verificación de las operaciones financieras que el economista adujo haber realizado en el sector privado. La recopilación de pruebas incluye la fiscalización de las cuentas bancarias de su cónyuge, Bettina Angeletti, y de las empresas que contrataron sus servicios profesionales. En paralelo, el Congreso de la Nación activó los mecanismos constitucionales tendientes a interpelar al funcionario.

El faltante de los papeles reservados de su esposa

La Oficina Anticorrupción remitió a la fiscalía de instrucción los formularios electrónicos públicos presentados por Manuel Adorni correspondientes al ejercicio fiscal general anterior. Sin embargo, el organismo oficial notificó de forma formal que el sobre físico cerrado con los datos patrimoniales de su cónyuge no fue entregado. Esta pieza documental es obligatoria para los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que se encuentran casados.

Declaración jurada de 2025 de Manuel Adorni.

La carencia del Anexo Reservado impide a los investigadores judiciales confeccionar un análisis contable unificado de la sociedad conyugal. El bache operativo adquiere relevancia debido a que el propio ministro coordinador justificó su nivel de consumo apoyándose en el salario gerencial privado de su pareja. Los allegados al palacio de Gobierno argumentaron que el plazo legal para completar la entrega física vence el próximo 31 de julio.

La extensión de la auditoría a los años previos

El fiscal Gerardo Pollicita convocó a los especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para iniciar el peritaje técnico. La unidad especializada revisará de forma minuciosa los montos líquidos, las fechas de adquisición de activos y la trazabilidad de cada cuenta bancaria. El propósito de la fiscalía es cruzar estos registros con las declaraciones rectificativas entregadas.

Si las explicaciones del jefe de Gabinete remiten a ganancias obtenidas antes de asumir la función pública, la Justicia ampliará el objeto temporal de la causa. El Ministerio Público Fiscal planifica requerir los movimientos bancarios históricos anteriores a diciembre de 2023. La medida busca comprobar si el dinero en efectivo declarado existía de forma real en el patrimonio familiar del funcionario.

El origen de la investigación y las propiedades bajo sospecha

La causa penal se inició formalmente a raíz del uso del avión presidencial para un viaje de la esposa del funcionario hacia los Estados Unidos. La posterior difusión de traslados particulares en aeronaves privadas encendió las alarmas sobre el nivel de gastos ordinarios del matrimonio. Los investigadores judiciales detectaron que el ministro adquirió bienes inmuebles y realizó erogaciones que superaban sus haberes formales.

La lupa judicial se concentra de forma específica en los siguientes activos declarados ante la Oficina Anticorrupción:

  • El departamento de la calle Miró al 500 en Caballito, Ciudad de Buenos Aires, valuado de forma oficial en 255,8 millones de pesos.
  • La vivienda de fin de semana situada en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz, con una tasación de 156,9 millones de pesos.
  • Las deudas totales registradas por la suma de 317,3 millones de pesos y pasivos adicionales nominados en dólares estadounidenses.

La contradicción del Bitcoin y la sospecha de evasión

El jefe de Gabinete manifestó públicamente que su incremento patrimonial provino de una ganancia de 300.000 dólares mediante inversiones con monedas virtuales. Adorni argumentó que operó en el mercado de bitcoin desde el año 2014 utilizando ahorros que la familia resguardaba por fuera del circuito legal. Sus palabras generaron rechazo debido a que reconoció de forma explícita haber operado en negro.

Sin embargo, los registros audiovisuales incorporados al expediente exponen contradicciones fácticas directas con la versión del funcionario. En una charla virtual transmitida por YouTube en 2020, el economista desaconsejaba de forma taxativa el uso de bitcoin por considerarla una moneda volátil. En esa misma conferencia pública admitió que para fines de 2017 él todavía no estaba metido de forma activa en ese sector digital.

Una hipoteca inusual firmada con dos jubiladas

Los investigadores de Comodoro Py analizan con atención las condiciones contractuales de la compraventa del inmueble del barrio de Caballito. La propiedad fue adquirida a las ciudadanas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes financiaron el 87 por ciento del valor de la escritura. Las dos jubiladas le otorgaron al jefe de Ministros un crédito hipotecario directo de 200.000 dólares.

La fisonomía de la operación inmobiliaria se aparta de los usos habituales del mercado financiero debido a que el préstamo se concedió a interés cero. A este elemento se sumó la declaración del intermediario del negocio, Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las acreedoras. El testigo aseguró ante la Justicia que la transacción comercial incluyó una entrega adicional de 65.000 dólares en negro.

El pago en efectivo de las obras en el country

El avance de las medidas de prueba incorporó el testimonio del constructor de obras particulares Matías Tabar, quien trabajó en la vivienda del country Indio Cua. El contratista declaró bajo juramento ante el fiscal Gerardo Pollicita que las remodelaciones de la propiedad costaron 245.929 dólares. El operario detalló que las tareas edilicias se abonaron de forma total en efectivo y sin emisión de facturas.

El testigo entregó un listado exacto de los pagos parciales que el funcionario le realizaba de forma personal en billetes físicos. Los desembolsos incluyeron entregas mensuales consecutivas de 35.000 dólares, 20.000 dólares y un pago único de 100.000 dólares durante el transcurso del año anterior. Las sumas en efectivo no figuraban asentadas en las declaraciones juradas del funcionario que correspondían a ese período.

El pedido de destitución inmediata en el Senado

En el plano parlamentario, el interbloque de senadores del peronismo, encabezado por José Mayans, presentó un proyecto formal para exigir la remoción del funcionario. La iniciativa legislativa emplaza al jefe de Gabinete a comparecer ante el recinto de la Cámara Alta en un plazo estricto de siete días. Los legisladores opositores buscan activar el mecanismo constitucional de la interpelación con moción de censura.

Para convalidar el desplazamiento de Manuel Adorni se requiere el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. El descontento por las rectificaciones de sus papeles contables sumó también el rechazo explícito de los bloques aliados del PRO y de la Unión Cívica Radical. La jefa de los senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó distancia del exvocero de la Presidencia.

Al respecto de las explicaciones que brindó el ministro coordinador sobre la evolución de sus bienes personales, la senadora Patricia Bullrich afirmó: “Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”.

TM

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