Canadá regula la IA y Argentina mide el costo digital

Canadá decidió avanzar sobre una zona que los gobiernos venían mirando con más alarma que herramientas: el vínculo entre menores, redes sociales y chatbots de inteligencia artificial. El proyecto federal busca impedir cuentas para chicos menores de 16 años, salvo que las plataformas demuestren salvaguardas suficientes, y crea un regulador digital con poder para exigir estándares. La discusión tomó otra dimensión después de una masacre escolar en Columbia Británica. El caso dejó una pregunta política difícil: cuánto puede exigirle un Estado a una empresa tecnológica cuando hay menores expuestos a sistemas automáticos y contenidos dañinos.

La iniciativa canadiense no apunta solo al tiempo de pantalla ni a una campaña educativa para familias. El foco está puesto en el diseño de las plataformas, la verificación de edad, la recomendación de contenidos, la reacción ante situaciones de crisis y el funcionamiento de los chatbots. El proyecto enfrenta dudas por posibles vacíos legales, demoras de implementación, uso de VPN y exclusión de algunos servicios privados de mensajería. La ley, por lo tanto, abre una segunda discusión: no alcanza con prohibir si después la fiscalización queda por detrás de la tecnología.

Canadá 

El costo digital

Brasil tomó otro camino y convirtió el problema en una regla escolar. La Ley 15.100/2025 restringe el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos personales en establecimientos públicos y privados de educación básica, incluso durante recreos e intervalos, con excepciones pedagógicas, de accesibilidad o emergencia. El mensaje es diferente al canadiense: en vez de empezar por las plataformas globales, Brasil llevó el control al aula. Allí la carga cotidiana queda en manos de directivos, docentes y familias que deben aplicar una norma cada día.

Ese contraste muestra que la protección digital de menores siempre tiene un costo, aunque no aparezca de entrada como una partida presupuestaria. Si regula Canadá, las plataformas deben adaptar sistemas, reportes, diseño y moderación. Si regula Brasil, las escuelas deben ordenar uso, custodia, excepciones y conflicto cotidiano. Si avanza Argentina, el costo puede concentrarse en verificación de edad, consentimiento parental y sanciones económicas. La discusión real no es solo si los chicos usan redes, sino quién paga la infraestructura de control.

Canadá regula redes y chatbots; Argentina ya mira multas para plataformas digitales.

La pregunta argentina

Argentina ya tiene una puerta abierta para esa pelea. En Diputados existe un proyecto de ley sobre protección y uso responsable de redes sociales en niños, niñas y adolescentes que propone prohibir cuentas a menores de 13 años, exigir consentimiento parental entre 14 y 16, permitir acceso entre 16 y 18 salvo inhabilitación judicial y aplicar multas a plataformas que incumplan. La sanción prevista puede llegar hasta el 30% de la facturación mensual o incluso a la inhabilitación para operar en el país. Esa cifra transforma una discusión cultural en una discusión económica.

Brasil limita celulares en aulas y Canadá presiona a Big Tech por menores e IA global.

El espejo internacional deja tres modelos sobre la mesa: Canadá presiona a Big Tech y a los chatbots, Brasil disciplina el uso escolar y Argentina ensaya una fórmula con edades, permisos parentales y multas. Para el lector argentino, el punto no es importar una receta, sino medir capacidad estatal, costo empresario y efecto sobre usuarios. Regular sin fiscalización queda en gesto; regular con sanciones fuertes abre una pelea directa con plataformas globales. La infancia digital ya entró en la agenda, pero el precio político y económico todavía está por definirse.