Tapia sufrió un revés por la mansión de Pilar: el detalle que fue clave

La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió este viernes que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una mansión en Pilar continúe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio decidieron frenar el traslado del expediente al juzgado federal de Campana. La resolución judicial apartó de forma directa al juez federal de Zárate, Adrián González Charvay, quien controlaba las actuaciones de la causa.

La causa penal procura determinar si la compra de una casaquinta valuada en 17 millones de dólares funcionó como una maniobra financiera ilegal. La sospecha de los denunciantes apunta a que los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) utilizaron presuntos testaferros para adquirir el predio bonaerense. El fallo de los jueces de la Sala A determinó que el lugar donde se firmó la escritura de compraventa fija de forma definitiva el tribunal que debe investigar el caso.

La trastienda contable del expediente reveló que la transacción comercial inmobiliaria se concretó en una oficina céntrica de la Capital Federal. Los camaristas porteños consideraron que las decisiones societarias de las firmas investigadas se ejecutaron bajo la jurisdicción de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Esta resolución fáctica desarmó la estrategia legal de los imputados, quienes pretendían mudar los papeles a un juzgado del conurbano bonaerense a pocos días del inicio del Mundial 2026.

El documento definitivo de la calle Montevideo

La clave del veredicto dictado por los jueces se centró en la localización física del acto notarial que validó la compra del inmueble de diez hectáreas. Los acusados argumentaban que la localización de la chacra en el partido de Pilar justificaba desplazar la investigación a los tribunales de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto del lugar exacto donde se confeccionaron los papeles comerciales de la firma Real Central SRL, los jueces de la Cámara Penal Económico explicaron: “La escritura mediante la cual se concretó la compra de la propiedad fue firmada en una escribanía porteña de la calle Montevideo 1693”.

El rechazo al desplazamiento del expediente a Campana

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio desestimaron los planteos de las defensas de los imputados que buscaban el apartamiento de las autoridades de Capital Federal. El fallo ratificó que el fuero especializado en delitos financieros posee la capacidad técnica ideal para desentramar el circuito del dinero bajo sospecha.

Sobre la inviabilidad de mudar el caso hacia el juzgado federal de Zárate-Campana basándose solo en la ubicación de la quinta, las autoridades judiciales afirmaron: “Lo trascendente a los fines de establecer la competencia del órgano que debe conocer en las actuaciones no puede ser la localización del bien en cuestión, sino el lugar en el cual se habría llevado a cabo la maniobra”.

El perfil del monotributista y su madre jubilada

La investigación penal comenzó a partir de una denuncia formulada por Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe contra la firma Real Central SRL. La sociedad comercial adquirió el predio de Villa Rosa en Pilar por un monto oficial asentado de 1,8 millones de dólares, aunque la tasación real de mercado supera los 17 millones de dólares.

La lupa de los peritos del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal se concentra de forma específica en los titulares de la empresa adquirente:

• Luciano Pantano, un ciudadano registrado ante el fisco nacional como monotributista y expresidente de la Asociación de Futsal.
• Ana Lucía Conte, madre de Pantano, una ciudadana que cuenta con la condición formal de jubilada ante la seguridad social.

Los autos de lujo y los objetos con el nombre de Toviggino

Las sospechas de la fiscalía federal apuntan a determinar si Pantano y Conte actuaron como presuntos testaferros de las máximas autoridades de la AFA. Durante los allanamientos ordenados en el predio de Pilar, las fuerzas de seguridad secuestraron una serie de activos que se vinculan directamente al círculo íntimo de la dirigencia del fútbol profesional.

Los peritos del fuero Penal Económico incorporaron al expediente la existencia de los siguientes bienes hallados dentro de las diez hectáreas:

• Una flota compuesta por 54 vehículos de colección y automóviles de alta gama valuada en casi cuatro millones de dólares.
• Un haras con caballos árabes de carrera, una pista ecuestre de entrenamiento técnico y un helipuerto operativo en el parque central.
• Un bolso deportivo y una placa de homenaje metálica grabados con el nombre de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
• Una tarjeta de crédito corporativa emitida por la AFA a nombre de Luciano Pantano para abonar los telepases de los rodados.

El desvío de dólares desde una cuenta de los Estados Unidos

El expediente judicial sumó una ampliación formal basada en las transferencias bancarias de la firma TourProdEnter LLC. La compañía norteamericana funciona como el agente comercial exclusivo de la AFA para administrar y recaudar los ingresos de la Selección Argentina en el circuito internacional de partidos.

La denuncia penal describe que la firma estadounidense desvió la suma de 483.000 dólares desde una cuenta del Bank of America hacia la sociedad SOMA SRL. Los giros financieros se realizaron en diez operaciones consecutivas de divisas registradas entre el 18 de diciembre de 2024 y el 17 de julio de 2025.

Las oficinas cruzadas en los edificios de Recoleta

Los jueces de la Cámara Penal Económico comprobaron que las empresas involucradas en el entramado inmobiliario comparten los mismos domicilios legales en la Capital Federal. La sociedad SOMA SRL, integrada originalmente por el hermano del tesorero de la AFA, registra sus oficinas en la calle Posadas 1111, en el barrio de Recoleta.

Ese departamento coincide de forma exacta con la sede de Malte SRL, la firma comercial que le vendió las tierras de Pilar a la empresa de los imputados. A su vez, Real Central SRL declaró su domicilio en la calle Paraná 861, el mismo edificio donde funciona Lindor SA, la firma dueña de los automóviles deportivos secuestrados.

El estado embrionario y la parálisis de las indagatorias

La resolución firmada por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio devolvió las actuaciones al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10. La oficina de primera instancia se encuentra subrogada actualmente por la jueza penal porteña María Verónica Straccia.

La Cámara justificó el regreso de las cajas con pruebas a la Capital Federal debido a que el juzgado bonaerense no exhibió avances de fondo significativos. El fallo detalló que la investigación penal transita un estado inicial y que todavía no se registraron convocatorias formales a declaraciones indagatorias, procesamientos ni sobreseimientos.

TM