Cómo Jerusalén transformó la sequía en una ventaja productiva exportable

Israel construyó una parte de su poder económico sobre una carencia. En un territorio seco, con presión demográfica y demanda agrícola, el agua dejó de ser solo un recurso natural y pasó a funcionar como infraestructura estratégica. El dato central está en su sistema de desalinización: hoy el país produce alrededor de 585 millones de metros cúbicos de agua desalinizada por año, según la Autoridad del Agua israelí. Solo la planta de Soreq aporta unos 150 millones de metros cúbicos anuales.

El salto no se explica únicamente por sacar agua del mar. Israel también convirtió los efluentes tratados en insumo agrícola. Su reporte nacional de eficiencia hídrica indica que cerca del 84% de las aguas residuales domésticas se recupera para riego. Esa cifra cambia la lectura: la escasez no fue administrada solo con ahorro, sino con tecnología, planificación y una red capaz de llevar agua tratada al campo.

Israel 

El laboratorio israelí

El caso israelí funciona como laboratorio porque une tres piezas que América Latina suele discutir por separado: agua, producción y costo público. Desalinizar exige inversión, energía, tarifas y planificación de largo plazo. Reutilizar agua requiere plantas, ductos, controles sanitarios y aceptación política. En ambos casos, el punto no es solo ambiental. Es fiscal: cada metro cúbico que falta puede convertirse en subsidio, pérdida productiva o infraestructura urgente pagada tarde.

Argentina ya miró ese modelo. En 2022, una misión oficial argentina viajó a Israel con gobernadores y representantes provinciales para recorrer plantas de desalinización, riego y medición inteligente. En 2023, el Gobierno informó la firma de un acuerdo técnico entre cinco provincias y la estatal israelí Mekorot para mejorar el manejo del agua. El dato vuelve concreto el cruce: no es una comparación abstracta, sino una cooperación ya explorada por provincias argentinas con estrés hídrico.

Israel convirtió sequía en tecnología exportable; Chile y Argentina miden su costo fiscal.

El espejo chileno

Chile muestra la otra cara del mismo problema. Su minería, su agro y su energía necesitan agua en un país marcado por sequías prolongadas y regiones de alta presión hídrica. En la minería del cobre, Cochilco informó que en 2023 el sector extrajo 18,83 m³/s de agua fresca para operaciones: 64% provino de fuentes continentales y 36% de agua de mar. Esa proporción anticipa una transición productiva: cuando el agua continental se vuelve más escasa, la industria debe buscar otra fuente o pagar el freno.

La proyección chilena refuerza esa tendencia. Cochilco estima que la demanda hídrica de la minería del cobre pasará de 18,5 m³/s en 2024 a 20,6 m³/s en 2034, empujada por expansión de operaciones y nuevos proyectos. El agua, entonces, no aparece como un tema secundario de sustentabilidad, sino como condición de exportación. Si falta, no solo cae una producción: se afecta ingreso de divisas, empleo, regalías, impuestos y competitividad logística.

La sequía ya define producción, divisas y gasto público de Israel a Chile y Argentina.

La factura argentina

Argentina tiene su propio dato de advertencia. El Banco Mundial estimó que el país pierde en promedio USD 3.200 millones por año, equivalentes a 0,61% del PBI, por variabilidad climática; el 90% de ese costo está asociado a sequías. La pregunta económica es directa: ¿cuánto le cuesta al contribuyente tratar cada sequía como emergencia, en vez de financiar infraestructura hídrica antes de la pérdida?

El cierre argentino está en el agro, la minería y el presupuesto. Menos agua puede significar menos cosecha, menos exportaciones, menos recaudación y más gasto de asistencia. Israel muestra una salida tecnológica; Chile, el costo de mover industrias enteras hacia nuevas fuentes. Argentina no necesita copiar modelos completos, pero sí definir una prioridad: si el agua queda fuera del cálculo económico, la sequía termina entrando por la caja fiscal.