El diputado nacional Máximo Kirchner volvió a poner sobre la mesa una discusión que empieza a ganar terreno en distintos sectores del peronismo: la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal sin profundizar el ajuste del gasto público, sino mediante una mayor presión tributaria sobre los patrimonios y los sectores de mayores ingresos.
Durante una actividad realizada en Paraná, Entre Ríos, junto al secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes; la diputada nacional Blanca Osuna; Silvia "Nene" Moreno, presidenta provisional del PJ entrerriano; y Tomás Ledesma, el dirigente de La Cámpora sostuvo que la salida a la crisis económica requiere avanzar hacia una mayor "justicia fiscal".

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Kirchner cuestionó las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional y vinculó la situación social con decisiones que, según afirmó, son adoptadas fuera del país.
"Nada bueno puede salir de una sociedad frustrada por las decisiones que se toman afuera y se ejecutan desde la Casa Rosada", expresó.
En ese sentido, sostuvo que el debate tributario debe ocupar un lugar central en la discusión económica.
"En Argentina tenemos que hablar de justicia fiscal, que los que más tienen, más pongan, para que entonces haya equilibrio social", afirmó.
El dirigente también se refirió a las dificultades económicas que atraviesa una parte importante de la población y cuestionó el impacto de las políticas de ajuste sobre el poder adquisitivo.
"Yo no le pido sensibilidad al poder económico, pero sí les pido la inteligencia para entender que hay millones de argentinos y argentinas que no dan más, que necesitan dejar de vivir con una calculadora en la cabeza. El agobio y la frustración con la que millones están viviendo no es sano", señaló.
Finalmente, planteó la necesidad de impulsar medidas más ambiciosas y aseguró: "Tenemos que poner a la Patria en el camino correcto. Ya mucho sabemos de lo posible. Es hora de pensar en aquello que nadie se atreve a hacer".
Las declaraciones de Máximo Kirchner se producen en medio de un debate que comienza a tomar fuerza en distintos sectores del peronismo acerca de cómo compatibilizar la búsqueda del ordenamiento fiscal con una agenda de crecimiento y recomposición social.
Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene que el equilibrio de las cuentas públicas debe alcanzarse mediante una reducción del gasto estatal, en algunos espacios opositores empieza a instalarse una visión diferente: que la consolidación fiscal no debería apoyarse exclusivamente en el ajuste, sino también en una mejora de la recaudación a través de impuestos considerados progresivos.
La idea implica que el esfuerzo tributario recaiga en mayor medida sobre los sectores de mayores ingresos y patrimonio, bajo el principio de que quienes tienen más capacidad contributiva deben aportar una proporción más elevada para financiar políticas públicas y reducir las desigualdades.
La posición expresada por Kirchner tiene un antecedente directo en el denominado Aporte Solidario y Extraordinario, más conocido como impuesto a las grandes fortunas, aprobado durante la pandemia de coronavirus mediante la Ley 27.605.
La iniciativa fue redactada e impulsada en el Congreso por el propio Máximo Kirchner junto al entonces diputado y economista Carlos Heller.
El gravamen tuvo carácter excepcional y se aplicó por única vez sobre las personas humanas y sucesiones indivisas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, de acuerdo con las valuaciones de diciembre de 2020.
La norma estableció alícuotas progresivas de entre el 2% y el 3,5% para los bienes radicados en el país y de entre el 3% y el 5,25% para los activos ubicados en el exterior.
Los recursos obtenidos fueron destinados al fortalecimiento del sistema sanitario durante la emergencia por COVID-19, a programas de asistencia para pequeñas y medianas empresas, a la urbanización de barrios populares y a proyectos vinculados con la producción y distribución de gas natural.
En ese marco, el concepto de "justicia fiscal" volvió a aparecer en el centro del debate político y económico, con vistas a una discusión que promete ganar intensidad en los próximos meses, fundamentalmente si la recaudación no repunta y el Gobierno debe recurrir a una mayor austeridad fiscal.