Pocas horas antes de la fecha prevista para su implementación, el Gobierno nacional decidió postergar la entrada en vigencia del sistema acusatorio en Córdoba -previsto en el Código Procesal Penal Federal sancionado en 2019- una de las reformas judiciales más importantes de las últimas décadas y una de las principales apuestas institucionales que la administración libertaria exhibe como símbolo de modernización del Estado.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 274/2026 del Ministerio de Justicia, que trasladó la puesta en marcha del nuevo esquema procesal desde el 15 de junio de este año hasta el 8 de marzo de 2027.
El ministro @juanbmahiques firmó la resolución que implementa el Código Procesal Penal Federal en La Plata desde el 21 de septiembre y en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba desde el 8 de marzo de 2027.
— Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) June 12, 2026
Donde ya rige el sistema acusatorio, la… pic.twitter.com/PVq8SNPnDo
La marcha atrás resulta llamativa porque hasta hace pocas semanas el propio Gobierno mantenía el cronograma original y presentaba la expansión del sistema acusatorio como una prioridad estratégica para acelerar investigaciones, agilizar procesos y fortalecer el rol de los fiscales en la persecución del delito.
Según surge de la resolución oficial, la principal señal de alarma llegó desde la provincia mediterránea. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba había solicitado formalmente diferir la implementación hasta 2027, al considerar que todavía no estaban dadas las condiciones necesarias para afrontar el cambio de sistema.
Entre los argumentos mencionó la necesidad de completar obras de infraestructura, ampliar espacios para la futura Oficina Judicial y terminar la adecuación tecnológica requerida para el funcionamiento de las audiencias orales.
La Procuración General de la Nación también expresó reparos. En un informe elaborado durante abril advirtió sobre carencias operativas, edilicias y tecnológicas vinculadas a la futura implementación del nuevo modelo procesal.
Aunque el Ministerio de Justicia destacó las inversiones realizadas durante los últimos meses, la propia resolución admite que todavía existen cuestiones pendientes para garantizar una transición ordenada.
Entre ellas aparecen la adecuación de salas de audiencias, la instalación de equipamiento tecnológico, el fortalecimiento de las telecomunicaciones, la capacitación de magistrados y funcionarios y la provisión de recursos humanos especializados.

La explicación oficial sostiene que el tamaño y la complejidad de la jurisdicción cordobesa exigen mayores niveles de preparación que los alcanzados hasta el momento.
El sistema acusatorio ya fue implementado en varias jurisdicciones federales del país y representa uno de los cambios más profundos del funcionamiento judicial argentino. Bajo este esquema, las investigaciones dejan de estar dirigidas por los jueces y pasan a quedar bajo responsabilidad de los fiscales, mientras que los magistrados asumen un rol de control y garantía del proceso.
Para el Gobierno, la reforma constituye una pieza central del proceso de modernización de la Justicia. Sin embargo, la decisión de suspender su desembarco en Córdoba a sólo dos días de la fecha prevista expone que la transformación todavía enfrenta dificultades concretas incluso en uno de los distritos judiciales más importantes del país.