CNE de Venezuela bajo la lupa: por qué Vente Venezuela reclama su propia boleta

Vente Venezuela no necesita que el poder le regale relevancia política. Ya la tiene. El partido fundado por María Corina Machado pasó de ser una organización liberal en construcción a convertirse en una de las principales referencias de la oposición venezolana, especialmente después de la primaria de 2023 y del ciclo represivo que siguió a la elección presidencial de 2024. La pregunta, entonces, no es si Vente existe políticamente. Existe. La pregunta es si el Estado venezolano está dispuesto a reconocer en una boleta lo que ya existe en la calle, en la diáspora y en la organización territorial.

"Que devuelvan las tarjetas de los partidos políticos y se legalice Vente Venezuela. ¿A qué le tienen miedo? Somos el primer partido del país"

Mensaje de nuestro coordinador nacional de Organización, @HenryAlviarez en el pleno de @VenteVargas.#VenteEsLaGente pic.twitter.com/blfnYqtP3m

— Vente Venezuela (@VenteVenezuela) June 6, 2026

La tarjeta electoral propia de Vente Venezuela debería ser una prioridad para cualquier gobierno transitorio que pretenda hablar seriamente de normalización democrática. Sin esa tarjeta, el mensaje es contradictorio: se promete apertura, pero se mantiene fuera del sistema formal al partido que representa con más claridad la corriente liberal, antichavista y de ruptura institucional. Una transición que selecciona quién puede competir no es transición; es administración controlada del conflicto.

La fuerza que no cabe prestada

Durante años, Vente Venezuela ha debido moverse sin tarjeta propia, dependiendo de alianzas, respaldos externos o mecanismos indirectos para participar en procesos políticos. Esa anomalía no es menor. En una democracia funcional, los partidos compiten con su nombre, sus símbolos, sus liderazgos y su responsabilidad pública. Obligarlos a competir bajo otra tarjeta distorsiona la representación, confunde al elector y debilita la rendición de cuentas. Si Vente es fuerte, debe medirse. Si sus adversarios creen que no lo es, deberían ser los primeros interesados en comprobarlo en una elección limpia.

El caso es todavía más sensible porque no se trata de una organización improvisada ni de un sello de coyuntura. Vente tiene más de una década de existencia, estructura nacional, cuadros regionales, militancia formada y una identidad ideológica reconocible: liberal, republicana, de mercado, de propiedad privada y de Estado limitado. En un país donde muchas tarjetas han sido intervenidas, judicializadas o usadas como piezas de negociación, reconocer a Vente sería una señal de orden institucional. No se le estaría dando ventaja a María Corina Machado; se le estaría devolviendo al elector el derecho a escoger sin intermediarios.

Vente exige competir con su propia tarjeta tras años de exclusión electoral.

La salida inteligente

Para el gobierno transitorio, entregar la tarjeta electoral a Vente Venezuela no sería una derrota política. Sería una decisión inteligente de legitimación. Un poder que permita competir al partido más incómodo para el viejo aparato chavista demostraría que no está organizando una apertura cosmética, sino una transición verificable. También reduciría el argumento de proscripción, facilitaría la observación internacional y obligaría a toda la oposición a ordenar su fuerza en votos, no solo en declaraciones.

Sin Vente en la boleta, la transición arriesga perder legitimidad política.

Ese reconocimiento debería venir acompañado de condiciones institucionales claras: nuevo registro de organizaciones políticas, auditoría pública del CNE, garantías para dirigentes perseguidos, liberación plena de presos políticos, observación internacional y un cronograma electoral verificable. Pero el primer gesto concreto puede ser simple y poderoso: darle a Vente Venezuela su tarjeta. Porque si el principal partido liberal del país no puede aparecer en el tarjetón, entonces Venezuela no estaría entrando en una democracia competitiva, sino en otra versión del mismo bloqueo. La tarjeta de Vente no es un trámite partidista: es la prueba de fuego de la transición.

Darle tarjeta a Vente pondría a prueba la apertura democrática venezolana.