La UBA advierte que el conflicto sigue y podrían irse más docentes del país

Luego de meses de tensión, movilizaciones multitudinarias y reclamos por el financiamiento del sistema universitario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, aseguró que la relación entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional ingresó en una nueva etapa.

El dirigente académico valoró el acercamiento impulsado por la administración de Javier Milei y reconoció que hubo avances concretos en materia presupuestaria. Sin embargo, fue enfático al señalar que la crisis universitaria está lejos de haber sido resuelta.

“Salimos de la emergencia, pero el conflicto todavía no terminó”, fue el mensaje que resumió el diagnóstico de uno de los principales referentes de la educación superior pública del país.

Según explicó, el Gobierno realizó un reconocimiento económico significativo que alcanza aproximadamente al 60% de los reclamos planteados por las universidades en materia salarial, gastos de funcionamiento y sostenimiento de hospitales universitarios.

La ley de financiamiento, el punto que sigue trabando el acuerdo

A pesar de los avances registrados en las últimas semanas, Yacobitti sostuvo que todavía no puede hablarse de un acuerdo definitivo.

El principal motivo es que las universidades continúan reclamando el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente judicializada.

“El Gobierno tiene que cumplir la ley”, remarcó el vicerrector de la UBA al cuestionar la demora en la resolución del conflicto.

Para el dirigente universitario, la discusión ya no pasa únicamente por los fondos de funcionamiento, sino por garantizar un esquema estable que permita planificar el desarrollo académico, científico y tecnológico a largo plazo.

En ese sentido, cuestionó que más de 200 días después de la aprobación de la norma aún no exista una definición clara sobre su aplicación.

La fuga de docentes y científicos preocupa a las universidades

Más allá de la cuestión presupuestaria, Yacobitti puso el foco en una problemática que considera incluso más grave: la pérdida de recursos humanos altamente calificados.

Según explicó, la caída del poder adquisitivo obligó a numerosos docentes universitarios a reducir sus dedicaciones exclusivas o buscar empleos complementarios para sostener sus ingresos.

Otros, directamente, decidieron emigrar. “Perdimos profesores que tuvieron que aumentar horas de trabajo en otros lugares y algunos se fueron del país”, advirtió.

La situación también impacta de lleno en el sistema científico nacional. El dirigente alertó sobre una creciente fuga de investigadores y especialistas, una tendencia que considera estratégica para el futuro del país.

“No hay ninguna nación que pueda desarrollarse sin una ciencia fuerte que investigue temas claves para su crecimiento”, sostuvo.

El efecto de las movilizaciones universitarias

Yacobitti atribuyó parte de los avances recientes a la presión social generada por las históricas marchas universitarias que se realizaron durante los últimos meses.

A su entender, las movilizaciones lograron trascender el ámbito académico y generaron un fuerte impacto en la opinión pública.

“Participaron estudiantes, docentes, investigadores, referentes culturales y miles de ciudadanos que entienden la importancia de la universidad pública”, destacó.

Ese respaldo social, según explicó, obligó al Gobierno a modificar su posición inicial y abrir canales de diálogo que durante gran parte del conflicto estuvieron cerrados.

“La educación no es una prioridad para este Gobierno”

En uno de los pasajes más contundentes de sus declaraciones, el vicerrector de la UBA fue consultado sobre el lugar que ocupa la educación dentro de la agenda oficial.

Su respuesta fue categórica. “No creo que la educación sea una prioridad para este Gobierno”, afirmó.

Sin embargo, evitó cerrar la puerta al diálogo y consideró que la nueva etapa de conversaciones puede transformarse en una oportunidad para discutir cuestiones de fondo relacionadas con la transformación educativa, la innovación tecnológica y el futuro de las universidades públicas.

Mientras continúan las negociaciones y persiste la disputa judicial por el financiamiento, el sistema universitario argentino enfrenta un desafío decisivo: garantizar recursos para sostener la calidad académica y evitar que la pérdida de docentes e investigadores comprometa una de las instituciones más valoradas por la sociedad argentina.

ND