Mientras avanzan las investigaciones judiciales sobre el patrimonio de Manuel Adorni, en la Casa Rosada descartan de plano cualquier posibilidad de relevo. Lejos de evaluar una salida, el presidente Javier Milei mantiene firme su respaldo al jefe de Gabinete y considera que su continuidad es clave para el funcionamiento interno del Gobierno.

En el oficialismo sostienen que Adorni forma parte del núcleo más reducido de toma de decisiones. Según reconocen funcionarios del entorno presidencial, integra junto a Milei, Karina Milei y Santiago Caputo el grupo que define las principales estrategias políticas del Gobierno. Esa cercanía explica, en gran medida, por qué las denuncias y cuestionamientos no modificaron su posición dentro del gabinete.
La confianza construida durante los últimos años también juega un papel determinante. Adorni logró consolidarse como uno de los dirigentes de mayor influencia dentro del universo libertario y mantiene un vínculo directo con la secretaria general de la Presidencia, considerada la principal figura política del oficialismo después del mandatario.
Otro de los argumentos que circula en los despachos oficiales es la negativa de Milei a ceder frente a los reclamos de la oposición y a las críticas mediáticas. En el Gobierno interpretan que la ofensiva contra Adorni forma parte de una disputa política más amplia y consideran que desplazarlo sería admitir una derrota frente a sectores que cuestionan permanentemente la gestión libertaria.

Esa postura se inscribe en la estrategia que el Presidente sostiene desde su llegada al poder: confrontar con los medios de comunicación tradicionales y denunciar intentos de condicionamiento sobre las decisiones del Ejecutivo.
Dentro del oficialismo reconocen además un aspecto menos visible pero igual de relevante. Adorni es uno de los pocos dirigentes que conserva diálogo fluido tanto con el sector que responde a Karina Milei como con el entorno político de Santiago Caputo, dos espacios que protagonizan frecuentes tensiones internas.

Por esa razón, en la Casa Rosada lo consideran una figura de equilibrio. Su permanencia permite mantener abiertos canales de negociación entre ambos sectores y evita una reconfiguración del esquema de poder libertario. Con ese diagnóstico, el Gobierno concluye que removerlo generaría más problemas internos de los que podría resolver, por lo que su continuidad sigue siendo, al menos por ahora, una decisión política inalterable.