Rolando Figueroa echó a un exfuncionario y endurece su pelea contra los privilegios

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ordenó la expulsión de Rodolfo Kaiser, ex presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), a quien acusó de cobrar un salario estatal sin cumplir funciones y de intentar acceder a una jubilación de privilegio. La medida fue presentada como parte de la política de “tolerancia cero” que impulsa la actual gestión contra irregularidades dentro de la administración pública.

Durante un acto oficial, Figueroa utilizó el caso para reforzar su discurso de reforma estatal. “Ese ñoqui no sólo cobró sin trabajar, sino que además pretendía jubilarse por el ISSN”, afirmó el mandatario provincial, quien desde el inicio de su gestión viene promoviendo una revisión de estructuras, cargos políticos y beneficios considerados injustificados dentro del Estado neuquino.

La cruzada contra los privilegios

El gobierno provincial sostiene que la salida de Kaiser forma parte de un proceso más amplio de saneamiento administrativo. Desde diciembre de 2023 se aceleraron sumarios, cesantías y controles internos con el objetivo de reducir gastos y eliminar prácticas que la gestión actual asocia con la denominada “vieja política”.

Según datos oficiales, una de las principales medidas fue la reducción del 87% de la planta política respecto de la estructura heredada. A esto se suman cambios en los procedimientos disciplinarios para agilizar investigaciones y evitar que agentes bajo revisión continúen percibiendo salarios estatales durante largos períodos.

Los antecedentes de Kaiser

La figura de Rodolfo Kaiser tiene una extensa trayectoria en la política neuquina. Además de conducir el IPVU durante varios años, fue candidato a diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) en las elecciones de 2015, aunque sin éxito electoral.

Su nombre ya había quedado bajo la lupa años atrás. En 2018, el Tribunal de Cuentas de Neuquén lo condenó a reintegrar más de 11 millones de pesos al Estado por no haber podido justificar gastos realizados durante su gestión en 2011. La resolución se basó en la ausencia de documentación respaldatoria para acreditar el destino de fondos públicos administrados bajo su responsabilidad.

Además, el exfuncionario también fue mencionado en investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades en contrataciones de obras públicas durante su paso por el organismo de vivienda provincial.

Una señal política de Figueroa

La decisión de avanzar contra un exdirigente de peso dentro de la estructura estatal busca reforzar uno de los ejes centrales de la gestión de Figueroa: mostrar una ruptura con prácticas históricas de la política neuquina. En la Casa de Gobierno sostienen que la reducción de privilegios, el ajuste de la estructura administrativa y el control del gasto seguirán siendo pilares de la administración provincial.

Con este nuevo episodio, el gobernador vuelve a instalar el debate sobre el funcionamiento del Estado y envía una señal interna hacia la administración pública, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar una imagen de austeridad y control sobre los recursos provinciales.