Jueces para la Corte: el cambio de Milei que busca destrabar las vacantes

El Gobierno planta avanzar con una reforma del procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, una decisión que busca agilizar la cobertura de vacantes en el máximo tribunal y que llega luego del fracaso de las postulaciones impulsadas por Javier Milei durante el último año.

La modificación será instrumentada mediante un decreto elaborado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que introduce cambios en el régimen establecido por el Decreto 222/03, la norma que regula el mecanismo administrativo previo al envío de los pliegos al Senado.

Actualmente, la Corte Suprema funciona con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las vacantes corresponden a los lugares que dejaron Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, por lo que el Gobierno mantiene pendiente la designación de dos nuevos ministros.

La reforma se conoce después de que el oficialismo no lograra reunir los votos necesarios en el Senado para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo. En paralelo, el académico Manuel García-Mansilla fue designado en comisión por el Poder Ejecutivo, llegó a asumir en el cargo, pero terminó renunciando semanas después.

Menos trámites y plazos más cortos

El principal cambio consiste en eliminar la instancia de publicación de antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas dentro del ámbito del Ministerio de Justicia. Desde el Gobierno sostienen que esa etapa duplicaba procedimientos que luego vuelven a realizarse en el Senado durante el tratamiento de los pliegos.

De esta manera, las impugnaciones y observaciones de organizaciones, instituciones y particulares seguirán existiendo, aunque se canalizarán únicamente a través de la Cámara alta una vez que el candidato sea propuesto formalmente por el Presidente.

Además, los antecedentes de los postulantes dejarán de publicarse en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional para difundirse exclusivamente en la página web del Ministerio de Justicia, con plazos más reducidos.

La iniciativa también fija tiempos específicos para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y para la verificación de la situación fiscal de los candidatos, un trámite que hasta ahora carecía de plazos definidos y que, según la visión oficial, generaba demoras innecesarias.

Otro de los cambios relevantes es la eliminación de la recomendación de considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de proponer candidatos para integrar el máximo tribunal.

El antecedente de las vacantes

Desde la Casa Rosada argumentan que la reforma apunta a evitar superposiciones burocráticas y acelerar futuras nominaciones. El diagnóstico oficial es que los procesos administrativos previos terminaron replicando instancias que luego vuelven a desarrollarse en el Senado, donde igualmente se realizan audiencias públicas y se reciben impugnaciones.

Sin embargo, la decisión ya generó cuestionamientos desde algunos sectores políticos y judiciales, que consideran que la eliminación de etapas previas podría interpretarse como una reducción de los mecanismos de control y participación ciudadana.

Más allá de las modificaciones, el procedimiento constitucional para designar jueces de la Corte permanece intacto. Los candidatos deberán atravesar el tratamiento de la Comisión de Acuerdos del Senado y obtener el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes para ser confirmados.

Con la reforma, el Gobierno busca dejar preparado un camino más rápido para futuras postulaciones. Sin embargo, la principal dificultad seguirá siendo política: conseguir los votos necesarios en una Cámara alta donde el oficialismo continúa lejos de alcanzar las mayorías requeridas para completar la integración de la Corte Suprema.