PBA: quieren obligar a Mercado Libre, Uber y Rappi a revelar su 'secreto'

Una diputada bonaerense peronista presentó un proyecto de ley para obligar a todas las plataformas digitales que operan en la provincia de Buenos Aires a inscribirse en un registro estatal y a revelar cómo funcionan sus sistemas de precios automáticos. La iniciativa, que lleva la firma de Ayelén Rasquetti (Fuerza Patria - Frente Renovador), fue ingresada a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires este lunes.

El proyecto apunta a plataformas como Mercado Libre, YPF, Rappi, PedidosYa, Uber y Cabify, entre otras empresas que ajustan sus precios o tarifas mediante algoritmos en tiempo real.

Qué dice el proyecto

La propuesta crea el Registro Provincial de Plataformas Digitales (RPPD) y modifica la Ley 13.133 de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Buenos Aires.

Las empresas alcanzadas deberían presentar, como mínimo, esta información:

• Razón social, CUIT y domicilio en Argentina.
• Descripción del servicio y del modelo de negocio.
• Las variables y reglas que usan sus algoritmos para asignar pedidos, calcular tarifas, aplicar descuentos o fijar precios.
• Los registros de auditoría que permitan reconstruir decisiones individuales y colectivas.
• Fichas técnicas de los modelos de inteligencia artificial utilizados, incluyendo versiones, fechas de implementación y criterios de evaluación.
• Un responsable técnico y uno jurídico con domicilio en el país.

"Hoy existen plataformas que utilizan sistemas de precios dinámicos que modifican automáticamente el valor de productos y servicios en tiempo real, muchas veces en perjuicio de los consumidores", dijo Rasquetti al defender la iniciativa.

Qué cambiaría

Si el proyecto se convierte en ley, ninguna plataforma digital podría operar en la provincia sin estar inscripta en el registro. Las que ya funcionan tendrían 90 días para registrarse desde la sanción de la norma. Si vence ese plazo sin inscripción, su actividad pasaría a ser considerada irregular y quedaría sujeta a las sanciones previstas en el artículo 73° de la Ley 13.133.

El organismo de aplicación —aún por definir— tendría acceso a toda la información presentada y podría fiscalizar los sistemas de precios, promociones y condiciones de contratación de cada plataforma.

El proyecto no fija precios ni prohíbe los ajustes automáticos: apunta a la transparencia, no al control directo de valores.

A quiénes afectaría

El texto alcanza a toda empresa de plataforma digital que opere en territorio bonaerense, sin importar dónde tenga su domicilio legal. En la práctica, eso incluye a:

• Plataformas de delivery y transporte: Rappi, PedidosYa, Uber, Cabify, DiDi.
• Comercio electrónico: Mercado Libre.
• Energía: YPF y otras petroleras con sistemas de precios dinámicos en estaciones de servicio.
• Cualquier otra app que ajuste precios, tarifas o comisiones mediante algoritmos.

Qué son los precios dinámicos

Los precios dinámicos son valores que cambian de forma automática según la demanda, el horario, la ubicación u otros factores, sin intervención humana directa en cada decisión.

El ejemplo más visible en Argentina es el de YPF. A mediados de 2025, la petrolera estatal implementó su sistema de micropricing en más de 1.600 estaciones de servicio de todo el país. El sistema, basado en inteligencia artificial y gestionado desde el Real Time Intelligence Center (RTIC) en Puerto Madero, puede modificar el precio de los combustibles hasta cinco veces por día en una misma estación, con ajustes que no superan el 1% por vez. Las variables que analiza incluyen la demanda local, la competencia en la zona y el flujo vehicular.

Uber, por su parte, utiliza desde hace años la tarifa dinámica: cuando la demanda sube —lluvia, eventos masivos, fin de recitales—, el precio del viaje sube para atraer más conductores a esa zona. La empresa informa el aumento antes de confirmar el viaje.

En el comercio electrónico, la dinámica es similar. Amazon ajusta precios de manera selectiva desde 2012 y llegó a realizar 2,5 millones de cambios de precios por día en un catálogo de más de 400 millones de productos. En Argentina, Mercado Libre negó aplicar precios personalizados por usuario, aunque reconoció que ofrece a los vendedores una herramienta de "Ajuste Automático de Precios" que adapta los valores de forma competitiva.

La dirección contraria del Gobierno nacional

El proyecto bonaerense choca de frente con la política del Gobierno de Javier Milei, que desde diciembre de 2023 avanza en la desregulación de precios.

El DNU 70/2023 —el decreto de necesidad y urgencia con el que Milei arrancó su gestión— estableció que el Estado promoverá "la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional" y dejó "sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado". En ese mismo decreto, el Gobierno derogó la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.

Con ese marco, los proveedores de bienes, prestaciones y servicios tienen la facultad de fijar libremente sus precios y cantidades producidas, dentro de las reglas de la oferta y la demanda de mercado.

La desregulación siguió durante 2026. En junio, el Gobierno oficializó la eliminación de más de 15 normas vinculadas al comercio y la industria mediante la Resolución 12/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín Lavigne. Entre las medidas derogadas figuran normativas estructurales del comercio interior.

El otro proyecto: los repartidores

El proyecto de Rasquetti se suma a otra iniciativa que el gobierno de Axel Kicillof tiene lista para enviar a la misma Legislatura: el Plan Integral y Registro de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales.

Esa propuesta, anunciada por el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa, apunta a regular las condiciones laborales de los repartidores y choferes de Rappi, PedidosYa, Uber y DiDi. Entre sus puntos, exige que las plataformas informen la cantidad de trabajadores activos, sus horas de conexión y sus ingresos promedio, y las obliga a contratar seguros de accidentes personales a su cargo.

"Buscamos generar un piso de derechos para ellos", dijo Correa, y marcó la diferencia con el Gobierno nacional: "Mientras el Gobierno nacional excluye a los empleados de las plataformas a través de la pseudo modernización laboral, la gestión de Kicillof busca mitigar la precariedad del sector".

El antecedente más inmediato es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que rechazó los recursos de Rappi y PedidosYa contra multas laborales impuestas por el Ministerio de Trabajo bonaerense, y determinó que los repartidores operan bajo una relación de dependencia encubierta.

El antecedente de Rasquetti

No es la primera vez que Rasquetti impulsa una iniciativa de este tipo. En noviembre de 2025, la comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto suyo que obligaba a las petroleras a informar con 72 horas de anticipación cualquier aumento en los combustibles.

En aquella oportunidad, la diputada del Frente Renovador cuestionó que las empresas energéticas no informaran las subas de precios con anticipación: "La eliminación de la obligación de comunicar aumentos generó un vacío normativo que afecta directamente a los consumidores", dijo en ese entonces.

El proyecto de precios dinámicos retoma ese mismo argumento y lo amplía a todo el universo de plataformas digitales.

TM