La exministra de Salud Carla Vizzotti se presentó este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga posibles irregularidades en las negociaciones entre el Estado argentino y el laboratorio Pfizer durante la pandemia de covid-19. La exfuncionaria llegó acompañada por su abogado defensor, Rodolfo Vaccarezza, y entregó un extenso escrito antes de la audiencia.
Según trascendió, Vizzotti presentó un descargo de unas 100 páginas en el que rechazó las acusaciones formuladas por la fiscalía y sostuvo que todo el proceso de adquisición de vacunas se desarrolló dentro del marco legal vigente. Además, dejó asentado que no responderá preguntas durante la indagatoria, aunque manifestó su disposición a colaborar con cualquier requerimiento judicial.

La exministra remarcó que las decisiones adoptadas durante la emergencia sanitaria respetaron los procedimientos administrativos y las normas vigentes, y negó haber participado en maniobras irregulares vinculadas a la contratación de vacunas.
La causa es impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo. La investigación busca determinar si existieron conductas incompatibles con la función pública durante las negociaciones para la compra de vacunas contra el coronavirus.

En su requerimiento, la fiscalía planteó la existencia de una presunta trama de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses que habría influido en las decisiones adoptadas por funcionarios y asesores durante los meses más críticos de la pandemia.
La investigación pone especial atención sobre el proceso de negociación con Pfizer y sobre los motivos que derivaron en la demora de un acuerdo que, según la acusación, pudo haber acelerado el acceso a millones de dosis para la población argentina.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el laboratorio estadounidense ofreció en agosto de 2020 un esquema de provisión que contemplaba la entrega de 13,2 millones de dosis en los primeros meses de la campaña de vacunación. Sin embargo, el acuerdo nunca avanzó en los tiempos previstos.
Mientras tanto, el Gobierno nacional cerró contratos con otros proveedores como Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca. Para los investigadores, esa decisión habría generado la pérdida de parte del cupo reservado inicialmente para la Argentina y retrasado la llegada de vacunas al país.

Stornelli sostiene además que existieron exigencias contractuales hacia Pfizer que complicaron la firma del convenio. Desde el Ministerio de Salud de entonces argumentaron que había obstáculos legales vinculados a la Ley de Responsabilidad del Estado. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si esas decisiones respondieron exclusivamente a cuestiones administrativas o si existieron responsabilidades penales detrás de las negociaciones.