Un proyecto de ley impulsado por los diputados nacionales Aldo Leiva y Jorge Eduardo Chica propone crear un marco legal específico para garantizar la preservación de monumentos, placas, exposiciones y demás homenajes vinculados con la Guerra de Malvinas en todo el territorio argentino.
La iniciativa, denominada "Protección de Homenajes en Museos y Espacios Conmemorativos de la Guerra de Malvinas", surge en medio de la polémica generada por la remoción del homenaje al excombatiente Orlando Gustavo Pascua y su reemplazo por una referencia al también veterano Julio Rubén Cao.
Según explican sus autores, el objetivo no es cuestionar la figura de ningún excombatiente en particular, sino establecer mecanismos que impidan que decisiones administrativas o coyunturales alteren símbolos considerados parte de la memoria colectiva de los veteranos y las víctimas del conflicto del Atlántico Sur.
La propuesta tiene como finalidad preservar y asegurar la continuidad de todos los homenajes existentes relacionados con la Guerra de Malvinas, las islas Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.
La protección alcanzaría tanto a los museos especializados como a otros espacios públicos o privados donde existan monumentos, placas, esculturas, exposiciones o actos conmemorativos dedicados a veteranos, veteranas y víctimas del conflicto bélico de 1982.
De acuerdo con el texto, se busca impedir que esas expresiones sean removidas, modificadas o sustituidas sin cumplir un procedimiento previamente establecido por ley.
La iniciativa abarca:
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Registro Nacional de Homenajes de Malvinas, que tendría como función elaborar un inventario de todos los reconocimientos existentes en el país.
Los responsables de museos, así como los gobiernos provinciales y municipales y los administradores privados de espacios conmemorativos, tendrían un plazo de 180 días para informar la ubicación, características y documentación de cada homenaje.
Una vez inscriptos, esos elementos adquirirían la categoría de "homenaje protegido", condición que impediría su remoción o modificación sin una autorización especial.
La iniciativa establece que los propietarios o administradores de los espacios donde se encuentren los homenajes deberán garantizar su mantenimiento y conservación en condiciones adecuadas.
Además, prevé que el Estado nacional, las provincias o los municipios puedan brindar subsidios y asistencia para tareas de preservación.
El texto prohíbe expresamente la remoción, sustitución, cambio de nombre o cualquier modificación sustancial de un homenaje protegido sin una autorización formal del órgano legislativo correspondiente.
Dependiendo del caso, la aprobación debería provenir de un Concejo Deliberante, una Legislatura provincial o del Congreso de la Nación.
La propuesta también establece un procedimiento específico para tramitar eventuales cambios. Las solicitudes deberán ser presentadas por escrito y deberán incluir:
El organismo competente dispondría de un plazo máximo de 60 días hábiles para resolver.
Otro de los artículos del proyecto impide modificar o eliminar placas, nombres o menciones honoríficas dedicadas a excombatientes, salvo que exista consentimiento expreso del homenajeado o de sus herederos legítimos y que además se cumpla con el procedimiento de autorización previsto por la ley.
La iniciativa también contempla situaciones de transferencia o concesión de espacios que contengan monumentos o reconocimientos relacionados con Malvinas.
En esos casos, cualquier privatización o cesión de dominio deberá incluir cláusulas que aseguren la permanencia y conservación de los homenajes existentes.
El proyecto considera una infracción administrativa la destrucción o modificación no autorizada de un homenaje protegido.
Entre las sanciones previstas figuran:
Asimismo, se aclara que esas sanciones no impedirán que puedan existir responsabilidades civiles o penales.