El Gobierno nacional resolvió adelantar la puesta en marcha del sistema acusatorio en la jurisdicción federal de La Plata y fijó como nueva fecha de entrada en vigencia el próximo 21 de septiembre, dejando sin efecto el cronograma que había postergado su implementación hasta el 30 de noviembre.
La medida fue oficializada este martes 16 de junio mediante la Resolución 275/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada en el Boletín Oficial.
Ya está publicada la edición del 16/06/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvi6fq
— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) June 16, 2026
La decisión representa un nuevo paso en la expansión del Código Procesal Penal Federal, la reforma que modifica de manera sustancial el funcionamiento de la Justicia penal al trasladar el protagonismo de las investigaciones desde los jueces hacia los fiscales.
La jurisdicción federal de La Plata no es una plaza menor dentro del esquema judicial argentino. Su competencia abarca amplias zonas del conurbano bonaerense y sectores clave de la provincia de Buenos Aires, además de incluir puntos neurálgicos para el comercio exterior y la seguridad nacional, como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y los puertos de La Plata y Dock Sud.
Precisamente por esa complejidad operativa, el desembarco del sistema acusatorio en el distrito había sido diferido a comienzos de año. Sin embargo, el Ministerio de Justicia sostiene ahora que las condiciones materiales y tecnológicas permiten acelerar el cronograma.

Según la resolución, durante los últimos meses se realizaron trabajos de adecuación edilicia, instalación de salas de audiencias, incorporación de equipamiento informático y fortalecimiento de herramientas para investigación forense digital.
La implementación del sistema acusatorio constituye una de las principales reformas institucionales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei en materia judicial. El modelo busca agilizar los procesos penales mediante audiencias orales, mayor protagonismo del Ministerio Público Fiscal y una reducción de los tiempos de tramitación de las causas.
En Casa Rosada consideran que el esquema tradicional, basado en expedientes escritos y con fuerte concentración de facultades en los jueces de instrucción, se encuentra agotado frente a fenómenos complejos como el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.

La administración libertaria viene ejecutando una estrategia de implementación gradual en distintas jurisdicciones federales del país. Hasta el momento, el sistema ya funciona en nueve distritos que abarcan provincias como Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Neuquén y Chubut, entre otras.
Uno de los aspectos que el Ministerio destacó en la resolución es el nivel de coordinación alcanzado entre los distintos organismos que integran el sistema judicial.
La puesta en marcha del nuevo modelo exigió la participación conjunta de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General, además de la propia cartera de Justicia.
El texto oficial señala que aún continúan trabajos vinculados a la cobertura de vacantes judiciales, mejoras edilicias y fortalecimiento de recursos humanos, aunque considera que el grado de avance alcanzado permite adelantar la entrada en vigencia del nuevo esquema procesal.
Mientras La Plata ya tiene fecha definida, la implementación integral del sistema acusatorio todavía enfrenta desafíos de gran magnitud.
Entre las jurisdicciones pendientes figuran Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, además de San Martín y, especialmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La llegada del nuevo modelo a los tribunales federales porteños aparece como la prueba más exigente de toda la reforma debido al volumen de causas, la complejidad institucional y el peso político de los expedientes que allí se tramitan.
Por eso, la decisión de adelantar la puesta en marcha en La Plata es leída dentro del Gobierno como una señal de confianza en el avance de una transformación judicial que, después de años de demoras, busca consolidarse como una política de Estado.