Sin pagos y con demora: el golpe a la atención médica de afiliados PAMI

El sistema de atención médica de los afiliados al PAMI atraviesa horas de máxima tensión. Prestadores de salud agrupados en distintas cámaras empresariales anunciaron una serie de medidas que podrían impactar directamente en la atención de millones de jubilados y pensionados en todo el país.

La advertencia llegó desde la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), que confirmó que a partir de la próxima semana comenzará la suspensión de la asignación de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades médicas.

La decisión fue comunicada luego de reiterados reclamos por atrasos en los pagos y por la falta de actualización de los valores que reciben las instituciones por las prestaciones brindadas a los afiliados del organismo.

Desde el sector aseguran que la situación financiera se volvió insostenible y que muchas clínicas enfrentan serias dificultades para sostener su funcionamiento cotidiano.

El reclamo por fondos y la advertencia al Gobierno

Las entidades médicas sostienen que el problema no se limita únicamente a los retrasos administrativos, sino que afecta directamente la capacidad operativa de los centros de salud.

“Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con obligaciones salariales y honorarios profesionales”, señalaron desde CAPRESS.

La entidad responsabilizó al Estado nacional por las consecuencias sanitarias que podrían derivarse de esta situación y advirtió que las medidas buscan evitar el colapso del sistema.

Según explicaron, el objetivo inicial será restringir la entrega de nuevos turnos, aunque el conflicto podría profundizarse si no aparecen respuestas concretas en los próximos días.

Qué servicios podrían verse afectados

En una primera etapa se suspenderá la asignación de nuevos turnos para atención ambulatoria. Posteriormente, podrían limitarse las consultas programadas en consultorios externos, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas consideradas críticas.

Además, las cámaras advirtieron que evalúan suspender por tiempo indeterminado las cirugías y procedimientos programados que no revistan carácter de urgencia.

De concretarse, la medida impactaría en miles de afiliados que esperan intervenciones médicas, estudios complejos o tratamientos que requieren programación previa.

La situación genera preocupación porque el PAMI es la obra social más grande del país y brinda cobertura a millones de adultos mayores.

La Casa Rosada busca evitar una crisis mayor

Frente al creciente conflicto, en las últimas semanas comenzaron a analizarse alternativas dentro del Gobierno nacional para reforzar los recursos destinados al organismo.

Según trascendió, una de las opciones evaluadas contempla una recomposición presupuestaria impulsada por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo.

La intención sería asignar nuevas partidas que permitan aliviar las tensiones financieras y garantizar la continuidad de las prestaciones.

Sin embargo, hasta el momento no hubo anuncios oficiales ni medidas concretas que permitan destrabar el conflicto. La falta de definiciones mantiene en alerta tanto a los prestadores como a los afiliados.

La explicación del PAMI ante las denuncias

En medio de las críticas, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, negó que el organismo atraviese una situación terminal.

El funcionario reconoció dificultades financieras, pero aseguró que se trata de un proceso de reordenamiento administrativo. “El instituto no está en una crisis profunda. Está atravesando un estrés financiero y lo estamos ordenando”, había señalado semanas atrás.

Leguízamo atribuyó parte de los problemas al aumento de la expectativa de vida y al crecimiento de los costos asociados a enfermedades crónicas, medicamentos y tratamientos de alta complejidad.

Sin embargo, las explicaciones no lograron desactivar el malestar de las clínicas, que sostienen que los atrasos y la falta de actualización de los aranceles comprometen seriamente la atención médica.

Mientras continúan las negociaciones, millones de jubilados observan con preocupación un conflicto que amenaza con afectar uno de los servicios más sensibles para la población adulta mayor y que podría convertirse en una de las principales crisis sanitarias del año.

ND