El juez Rodrigo Giménez Uriburu intimó este martes a la expresidenta Cristina Kirchner para que deje de tener conductas que incumplan las condiciones de su prisión domiciliaria. La advertencia llegó después de que el domingo una bandera con la leyenda "De San José a la Rosada" se desplegara desde el balcón de su departamento hasta un edificio de la vereda de enfrente, sostenida con cables tensores. El juez determinó que Cristina participó activamente en ese despliegue. Si vuelve a ocurrir algo similar, podría perder el beneficio de cumplir la condena en su casa y terminar en una cárcel.
La intimación ocurre exactamente un año después de que comenzara su arresto domiciliario en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
El juez firmó una resolución de cinco páginas. En el documento, aplicó el artículo 34 de la Ley 24.660, que regula la ejecución de las penas en Argentina. Ese artículo dice que el juez puede revocar la prisión domiciliaria si el condenado no cumple las condiciones impuestas.

En el caso de Cristina Kirchner, esas condiciones incluyen no perturbar la tranquilidad del vecindario ni alterar la convivencia pacífica del barrio.
El juez explicó que la bandera fue problemática por tres razones:
El juez aclaró que en el pasado hubo muchas concentraciones frente a San José 1111 que no motivaron ninguna advertencia. Esta vez fue diferente porque, a diferencia de los actos anteriores, Cristina participó directamente: usó su propio balcón como punto de anclaje y ayudó a sostener la estructura con sus propias manos.
El banderazo del domingo lo organizó Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes. Fue el último de una serie de actos que distintos intendentes del conurbano bonaerense vienen realizando frente al edificio de Cristina desde hace dos semanas, en el marco de los actos por el primer aniversario de su prisión domiciliaria. Morón, Hurlingham, Quilmes y Lanús ya habían desfilado.
Tras la intimación judicial, los actos previstos para el miércoles, el jueves y el viernes quedaron cancelados. El de este miércoles era "La Matanza con Cristina". Desde las agrupaciones organizadoras anunciaron la suspensión en redes sociales con el mensaje: "Cancelado por la Justicia corrupta".
El foco ahora está puesto en el sábado 20 de junio, Día de la Bandera, cuando está prevista una marcha desde Parque Lezama hasta San José 1111. La consigna del cierre del acto es "Cristina candidata".
El kirchnerismo planea concentrar toda la energía en esa movilización del sábado. La marcha parte de Parque Lezama y termina frente al domicilio de la expresidenta.
BANDERAZO 🇦🇷
— Partido Justicialista (@p_justicialista) June 9, 2026
contra la proscripción
por la libertad de Cristina.
Nos vemos el sábado 20 de junio desde las 15 hs en Parque Lezama. ✌🏼 pic.twitter.com/aWKCCJeO1y
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, todavía no confirmó si va a participar. Su presencia o ausencia en ese acto será leída como una señal política en medio de la interna más tensa que atraviesa el peronismo en años.
La intimación judicial llegó en un momento en que el Partido Justicialista (PJ) está dividido de manera visible. Las diferencias no son un secreto: son públicas, con nombres, frases y actos que las reflejan.
El eje principal del enfrentamiento es el liderazgo. Por un lado, el kirchnerismo sostiene la centralidad de Cristina Kirchner y empuja su candidatura para 2027. Máximo Kirchner lo dijo sin rodeos: "Hay un montón de argentinos que quieren votarla, que no quieren votar candidatos por default."
"Vamos a dejar la vida para que Cristina sea candidata": Máximo Kirchner respaldó una eventual postulación de la expresidenta, sostuvo que "muchos quieren votarla" y advirtió que una elección sin ella "va a tener graves problemas". https://t.co/5ZXGr1d22E pic.twitter.com/v4Cv5qv7Gh
— MDZ Online (@mdzol) June 11, 2026
Por el otro lado, el gobernador Axel Kicillof construye su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, y es el nombre que más aparece en las encuestas como alternativa presidencial del peronismo. La raíz del enfrentamiento entre Kicillof y La Cámpora viene de lejos: en 2025, el gobernador decidió desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales sin el visto bueno del kirchnerismo, lo que generó una ruptura que nunca se cerró del todo.
Este martes quedó en evidencia la tensión cuando se viralizó un discurso de Berenice Iañez, legisladora porteña cercana a Andrés Larroque —ministro de Kicillof— quien dijo que Cristina "está bastante equivocada y jode bastante las pelotas" y cuestionó que el peronismo pueda "ordenarse desde un balcón shakesperiano". En el entorno de la expresidenta respondieron con dureza: "Perdieron la dimensión humana".

Además de esos dos polos, existe un tercer sector que intenta diferenciarse de ambos. Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel encabezan un espacio llamado "Peronismo Federal" que realizó un acto en Parque Norte el 1 de mayo con más de 4.000 personas y una segunda presentación en Entre Ríos el lunes de junio. También están el senador sanjuanino Sergio Uñac, quien ya confirmó que quiere ser candidato a presidente, y Juan Grabois, que ya compitió en una primaria presidencial en 2023. El diputado Miguel Pichetto, por su parte, propuso algo más disruptivo: que el Congreso anule la condena de Cristina, aunque los expertos constitucionalistas descartaron que eso tenga respaldo legal.
Desde que comenzó el arresto domiciliario, el kirchnerismo sostiene que la condena es injusta y que Cristina Kirchner está presa por razones políticas. A esa consigna la llaman "proscripción": la acusación de que se usó la Justicia para sacarla de la cancha política antes de las elecciones de 2027.

Los argumentos que esgrime el kirchnerismo son:
El Gobierno y sectores de la oposición rechazan esa lectura. La condena fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2, confirmada por la Cámara de Casación y validada por la Corte Suprema. Los jueces determinaron que se benefició a Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo, con 51 licitaciones viales irregulares y con sobreprecios en Santa Cruz.
Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Es el delito que se le atribuyó en la causa conocida como Vialidad.

El Tribunal Oral Federal 2 determinó que, durante sus gobiernos (2007-2015), se adjudicaron de manera irregular 51 licitaciones de obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez. El Estado pagó sobreprecios y las obras no se terminaban o se hacían mal, según la Justicia. La condena incluye también la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
En junio de 2025, la Corte Suprema dejó firme esa condena. Ese mismo mes, el Tribunal Oral Federal le concedió la prisión domiciliaria por tres razones: tiene más de 70 años, fue víctima de un intento de magnicidio en 2022 —cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló una pistola a centímetros de la cabeza— y el tribunal consideró que garantizar su seguridad en una cárcel común sería muy difícil dado su perfil. Le quedan cinco años de condena por cumplir.
TM