Los líderes del G7 acordaron reforzar los esfuerzos para enfrentar uno de los desafíos que más preocupa a la economía mundial: el creciente endeudamiento de los países en desarrollo. La decisión fue anunciada durante la cumbre celebrada en la ciudad francesa de Evian-les-Bains, donde las principales economías industrializadas advirtieron que la acumulación de deuda amenaza la estabilidad financiera global y limita la capacidad de muchos gobiernos para sostener servicios esenciales.
La declaración conjunta incluyó un llamado a avanzar en soluciones para los países de ingresos medios, un grupo que suele quedar fuera de los programas internacionales de alivio financiero diseñados para las naciones más pobres. Para los líderes del bloque, es necesario encontrar mecanismos que permitan actuar de manera preventiva, antes de que los problemas de pago se transformen en crisis económicas de gran escala.
La preocupación no es nueva, pero se volvió más intensa después de la pandemia. Entre 2020 y 2022, numerosos gobiernos aumentaron significativamente su endeudamiento para financiar sistemas sanitarios, programas de asistencia social y medidas destinadas a sostener la actividad económica. A eso se sumaron los efectos de la inflación global, el aumento de las tasas de interés y las tensiones geopolíticas que encarecieron el acceso al financiamiento.
Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de ampliar las herramientas de reestructuración de deuda, un proceso mediante el cual un país renegocia plazos, intereses o condiciones de pago con sus acreedores. Diversos especialistas sostienen que actuar antes de que estalle una crisis permite reducir costos económicos y sociales mucho mayores en el futuro.

La discusión ocurre además en un contexto de fuerte caída de la ayuda internacional. Los recursos destinados oficialmente al desarrollo registraron en 2025 uno de sus mayores descensos de las últimas décadas, impulsados principalmente por recortes en Estados Unidos y, en menor medida, por reducciones en otras economías avanzadas. Frente a este escenario, el G7 considera que será necesario atraer una mayor participación del sector privado para financiar proyectos de infraestructura, energía, educación y crecimiento económico.
Detrás de la cuestión financiera también existe una dimensión estratégica. Durante los últimos quince años, China se consolidó como uno de los principales prestamistas de países de África, Asia y América Latina mediante créditos para grandes obras de infraestructura. Esto transformó el mapa de la financiación internacional y abrió una competencia cada vez más visible entre Pekín y las potencias occidentales por la influencia económica en el mundo en desarrollo.

Aunque la declaración no incluyó medidas concretas inmediatas, sí dejó una señal política clara: las principales economías consideran que el aumento de la deuda ya no es un problema exclusivo de los países más pobres. Para el G7, evitar una nueva ola de crisis financieras será una de las tareas más urgentes de los próximos años.