El caso judicial por la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA sumó un capítulo decisivo en los tribunales de Comodoro Py. El lobbista Mauricio Novelli presentó un escrito de 46 páginas ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi para desestimar la existencia de un delito y defender la actuación del presidente Javier Milei.
La presentación legal busca dar un vuelco definitivo a la investigación penal que lleva más de 15 meses en curso, argumentando que las pérdidas financieras de los usuarios corresponden a la volatilidad del mercado de activos digitales y no a un engaño planificado.
La defensa de Mauricio Novelli, coordinada por el abogado Daniel Rubinovich, argumentó que el posteo publicado por Javier Milei el 14 de febrero de 2025 en la red social X no constituyó una maniobra de engaño ni una recomendación formal de inversión. Según el documento judicial, el mensaje presidencial representó un acto de difusión de una iniciativa privada.

El escrito remarca que la publicación carece de los elementos mínimos exigidos por el Código Penal para ser considerada el origen de una estafa. La defensa enfatizó que el Presidente no prometió rentabilidad futura, no aseguró estabilidad de precios ni asumió compromisos de cobertura financiera para los adquirentes del token.
"Todo lo que dijo el Presidente en relación con el tema era absolutamente cierto. La notoriedad pública de quien emite un mensaje no reemplaza los elementos típicos exigidos por el delito de estafa", sostiene la presentación presentada ante el juzgado.
Novelli planteó una excepción de falta de acción —un recurso legal para plantear que una acusación no puede prosperar por vías penales— con el objetivo explícito de excluir del expediente a los cinco inversores particulares que actúan como querellantes (particulares damnificados que impulsan la investigación). Los afectados son Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.
El lobbista argumentó que los denunciantes no pueden mantener la condición de víctimas directas de una estafa porque ingresaron de forma voluntaria a un mercado de alto riesgo. Según la presentación, los cinco compradores poseían conocimientos avanzados en el manejo de billeteras virtuales y plataformas descentralizadas.
Para la defensa, el caso debe regirse por el principio de autorresponsabilidad de los operadores y detalla las transacciones individuales de los denunciantes:
Un informe técnico de 11 páginas elaborado por la Dirección de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) aportó datos precisos al fiscal Eduardo Taiano. Los especialistas policiales determinaron que $LIBRA se creó mediante un proceso de generación de monedas en la red blockchain (sistema de registro seguro y descentralizado) de Solana.

El análisis preliminar de la PFA reveló que el token estuvo bajo el control absoluto de un actor anónimo en su origen. El informe técnico confirmó que la criptomoneda no registró movimientos ni estuvo disponible en plataformas de intercambio comercial públicas antes de las 21:40 del 14 de febrero de 2025.
Este dato temporal se volvió una pieza analítica central para las querellas: Javier Milei publicó la dirección exacta del contrato inteligente de 44 caracteres a las 19:01 de ese día. Esto significa que el mandatario difundió la vía de acceso casi tres horas antes de que el token figurara en las aplicaciones de compraventa general.
El presidente Javier Milei no designó un abogado defensor formal en el expediente penal y mantiene la inmunidad de arresto que le otorgan los fueros de su cargo. En caso de que el juez Martínez de Giorgi ordene una declaración indagatoria (instancia formal donde un investigado ejerce su defensa), el mandatario puede optar por presentar un escrito y negarse a responder preguntas directas.
En declaraciones públicas previas, el jefe de Estado sostuvo que los compradores de la memecoin (criptomonedas basadas en elementos culturales o humorísticos de extrema volatilidad) sabían con precisión el riesgo que asumían al operar en entornos descentralizados. Además, dijo: "No lo promocioné, lo difundí".
Milei afirmó en entrevistas televisivas que obtuvo los datos del contrato inteligente de forma autónoma realizando búsquedas en internet, rechazando cualquier tipo de acuerdo previo o beneficio económico derivado del lanzamiento del activo.

El entramado bajo investigación judicial señala a tres actores principales con diferentes responsabilidades en el desarrollo y la llegada del proyecto a las esferas del Poder Ejecutivo:
La hipótesis inicial de la fiscalía investiga si la operatoria consistió en un "rug pull" (maniobra financiera donde los creadores inflan el valor de un token de forma artificial y luego retiran la liquidez de golpe, dejando el activo sin valor comercial). Unos 74.000 usuarios adquirieron el activo y se calcula que nueve cuentas fundadoras retiraron aproximadamente 286 millones de dólares.
El token sufrió una devaluación drástica, pasando de un techo de casi 5 dólares tras la difusión pública a valores inferiores a 1 dólar. La causa se encuentra actualmente en etapa de instrucción preliminar, lo que significa que el fiscal Taiano recolecta pruebas informáticas y bancarias antes de formular imputaciones formales o dictar procesamientos.

El frente judicial del Gobierno se extiende a otras dos investigaciones por presuntas irregularidades administrativas que tramitan de forma separada en los tribunales federales:
A nivel de conexiones, la querella de Martín Romeo solicitó la indagatoria de Adorni en la causa $LIBRA debido a que el funcionario participó en reuniones previas con Novelli y fue capacitador en el instituto NW Professional Traders, fundado por el lobbista. Además, Adorni comparte abogado defensor con Diego Mellino, hijo de un jubilado de 75 años que recibió una transferencia de un millón de dólares por parte de Hayden Davis el mismo día de su visita a la Casa Rosada.
El fiscal Taiano mantiene el pedido de indagatoria bajo la condición de "téngase presente" sin resolver el llamado. En el ámbito del Congreso, los bloques opositores buscan la remoción de Adorni, mientras que en el seno del Poder Ejecutivo descartan cambios en el gabinete y ratifican su continuidad institucional.
TM