La situación judicial y política que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimara al empresario Matías Tabar, el contratista que semanas atrás declaró ante la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.
La medida se produce en un contexto de creciente presión sobre el entorno familiar y económico del jefe de Gabinete, mientras avanzan distintas investigaciones que también alcanzan a su hermano, el diputado bonaerense Francisco Adorni.
Tabar, titular del estudio Alta Arquitectura, recibió una notificación de ARCA mediante la cual se le exige que, en un plazo máximo de diez días, aporte documentación y explicaciones sobre distintos aspectos de su actividad económica durante 2024 y 2025.
Entre los requerimientos figuran la justificación de ingresos y de la actividad desarrollada durante ambos años, información sobre la facturación y detalles vinculados a la obra realizada en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, propiedad de Manuel Adorni.
El organismo también solicitó precisiones sobre las compras efectuadas a proveedores, además de explicaciones respecto de la adquisición de una camioneta valuada en 47 millones de pesos y de un automóvil de 4 millones de pesos. Asimismo, se requirió información sobre otros vehículos vendidos por el empresario y sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de dólares durante 2024 y 2025.
La intimación llegó semanas después de que Tabar prestara declaración ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.
Según el contratista, las refacciones realizadas en la casa del funcionario en el country Indio Cuá demandaron una inversión de 245 mil dólares y fueron abonadas en efectivo y sin emisión de facturas.
De acuerdo con el testimonio, las obras se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, e incluyeron trabajos en pisos, cocina, baños, mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta.
Tabar sostuvo que recibió un primer pago de 55 mil dólares durante 2024 y que el saldo restante, equivalente a 190 mil dólares, fue abonado a lo largo de 2025.
También afirmó que, mientras se desarrollaban los trabajos, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, alquilaron otra vivienda dentro del mismo barrio cerrado, con un costo adicional de 13 mil dólares.

La diputada nacional Marcela Pagano vinculó la intimación del ARCA con la declaración brindada por Tabar.
"La aparición de actividad de fiscalización tributaria sobre quienes han colaborado con la Justicia, en estrecha proximidad temporal con sus declaraciones, es susceptible de generar un efecto inhibitorio sobre la prueba testimonial", sostuvo la legisladora.
Pagano recordó que ARCA depende del Poder Ejecutivo y advirtió que "la cabeza de coordinación administrativa general la ejerce uno de los funcionarios cuya situación patrimonial se investiga en autos".
La diputada consideró además que este tipo de medidas "amedrenta a quienes ya declararon y disuade a quienes podrían hacerlo, comprometiendo la libre y veraz declaración que la ley procura asegurar".
En paralelo, la situación judicial del diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, también sumó novedades.
El fiscal Guillermo Marijuan solicitó que el legislador sea citado a declaración indagatoria en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de detectar inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales.
La investigación se originó a partir de una denuncia impulsada por Marcela Pagano y se centra en el fuerte incremento patrimonial registrado entre 2024 y 2025.
Según la documentación incorporada al expediente, el patrimonio declarado por Francisco Adorni pasó de 43,7 millones de pesos a 80,5 millones en apenas un año.
Entre las rectificaciones realizadas posteriormente aparecieron un inmueble en City Bell valuado en más de 50 millones de pesos, participaciones en vehículos, una herencia de 21 millones y la cancelación anticipada de un crédito hipotecario cercano a los 60 millones de pesos.
La fiscalía considera que los ingresos declarados por el legislador no permitirían explicar, en principio, la totalidad de esos movimientos patrimoniales.
La investigación sobre Francisco Adorni también podría tener implicancias sobre la estrategia defensiva desplegada por Manuel Adorni para justificar parte de su patrimonio.
Uno de los puntos bajo análisis es la aparente diferencia entre las cifras declaradas por ambos hermanos respecto de una herencia familiar.
Mientras Francisco Adorni informó una herencia valuada en 21 millones de pesos, el actual jefe de Gabinete sostuvo públicamente que recibió unos 200 mil dólares que luego destinó a inversiones en criptomonedas.
Las diferencias entre ambas cifras generaron nuevos interrogantes en la investigación y podrían convertirse en uno de los aspectos centrales de las causas judiciales abiertas.