Las entidades rurales de la Zona 8 de CARBAP salieron al cruce de las nuevas herramientas de control implementadas por la Dirección General de Rentas de La Pampa y advirtieron que, lejos de simplificar los procedimientos, podrían sumar burocracia y mayores cargas administrativas para los productores.
A través de un comunicado, las entidades expresaron su preocupación por la aplicación del Control Automático de Bases Imponibles (CABI) y por los cambios vinculados al Certificado de Cumplimiento Fiscal, instrumentos que el Gobierno provincial, a cargo del gobernador Sergio Ziliotto, presenta como mecanismos destinados a modernizar y agilizar los procesos de fiscalización tributaria.
Sin embargo, desde el ruralismo sostuvieron que el nuevo esquema traslada a los contribuyentes tareas que deberían recaer sobre el propio organismo de control.
Según plantearon, bajo un sistema de cruces automáticos de información, los productores deben justificar de manera permanente situaciones vinculadas a su actividad, aun cuando respondan a características propias de los ciclos productivos agropecuarios.
"La preocupación es aún mayor en el sector agropecuario, donde los ciclos productivos, las ventas estacionales y los plazos de cobro difícilmente puedan ajustarse a parámetros automáticos uniformes", señalaron.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al vínculo entre las observaciones detectadas por el sistema y la emisión del Certificado de Cumplimiento Fiscal, un documento requerido para múltiples trámites y gestiones.
Desde CARBAP remarcaron que, aunque oficialmente se sostiene que el sistema no contempla sanciones automáticas, la imposibilidad de obtener ese certificado puede generar efectos concretos para los contribuyentes.
"Lo que se presenta como una simple herramienta de control termina produciendo consecuencias concretas para los contribuyentes", afirmaron.
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— CARBAP (@CARBAP_ARG) June 18, 2026
Desde la Zona 8 de CARBAP expresamos nuestra preocupación por las nuevas resoluciones de Rentas de La Pampa, que incorporan más burocracia y trasladan al productor responsabilidades que corresponden al Estado.https://t.co/53lGqa17Rl
La modernización debe… pic.twitter.com/dHVyylMlbx
Las entidades también cuestionaron que se utilicen coeficientes generales para evaluar actividades económicas con dinámicas muy diferentes y advirtieron que eso podría derivar en observaciones injustificadas.
Desde el Gobierno pampeano vienen defendiendo la implementación del sistema ante distintas críticas de actores políticos. En ese marco, señalan que el CABI fue diseñado para simplificar procedimientos y automatizar controles que anteriormente se realizaban de manera manual.
Según explicaron, la herramienta no determina de oficio obligaciones tributarias ni aplica sanciones automáticas, sino que detecta inconsistencias objetivas para que puedan ser explicadas o corregidas por los contribuyentes antes de iniciar trámites ante Rentas.
Además, aclararon que el sistema no interviene en la emisión de guías ganaderas ni en las Cartas de Porte, ya que esos procedimientos se realizan a través de plataformas nacionales administradas por ARCA.
La Provincia también destacó que la medida alcanza a menos del 1% de los contribuyentes activos y que permitió mejorar los controles vinculados a la contratación con el Estado provincial.
Para CARBAP, la discusión va más allá de esta herramienta puntual. En el comunicado, las entidades sostuvieron que las nuevas exigencias se suman a años de retenciones, percepciones y pagos a cuenta que obligan a los contribuyentes a financiar anticipadamente al Estado.
Por eso reclamaron la revisión de las resoluciones y la apertura de una instancia de diálogo con los sectores productivos y profesionales para adecuar los mecanismos de control a la realidad económica de la provincia.
"La modernización del Estado debe traducirse en más eficiencia y menos burocracia. No puede consistir, una vez más, en trasladar mayores cargas administrativas a quienes producen, trabajan e invierten en La Pampa", concluyeron.