La ley de lobby del Gobierno suma cuestionamientos y se demora su avance en el Congreso

La discusión sobre la denominada Ley de Lobby volvió a exponer diferencias en torno al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para regular la gestión de intereses ante funcionarios públicos. Aunque la iniciativa formaba parte de las prioridades legislativas del oficialismo para junio, las críticas acumuladas durante las reuniones informativas llevaron a enfriar el cronograma previsto y a postergar la posibilidad de emitir dictamen en el corto plazo.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados retomó el análisis del proyecto que crea un Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses. La propuesta busca establecer mecanismos de control y publicidad sobre las gestiones realizadas por empresas, organizaciones o particulares para influir en decisiones del Estado.

Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia en un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, entidades profesionales y especialistas en transparencia, que coincidieron en señalar problemas en la definición de los sujetos alcanzados y en el alcance de las obligaciones previstas.

Críticas por definiciones amplias y exceso de burocracia

Uno de los principales cuestionamientos estuvo vinculado a la amplitud con la que el proyecto define la "gestión de intereses". Diversos expositores advirtieron que la redacción actual podría equiparar el lobby corporativo tradicional con actividades habituales de organizaciones sociales, fundaciones, cámaras empresariales o ciudadanos que buscan participar en procesos de consulta pública.

Desde Fundar, su director ejecutivo Martín Reydó sostuvo que, tal como está redactado el texto, "todos somos lobistas hasta que se demuestre lo contrario", mientras que representantes de ADIMRA, Confederaciones Rurales Argentinas, Vida Silvestre Argentina y otras entidades alertaron sobre el riesgo de generar una estructura burocrática excesiva que complique el diálogo entre la sociedad civil y el Estado.

Las observaciones también apuntaron al régimen sancionatorio previsto, que contempla multas de hasta 500 salarios mínimos e incluso inhabilitaciones para ejercer actividades vinculadas a la representación de intereses. Algunos especialistas advirtieron que la acumulación de requisitos de inscripción y reportes periódicos podría terminar afectando tanto a organizaciones no gubernamentales como a cámaras sectoriales y asociaciones profesionales.

El objetivo del Gobierno y el debate que sigue abierto

La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por la Argentina en el marco de su proceso de acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que promueve estándares de transparencia e integridad pública para prevenir conflictos de interés y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas.

Entre otros puntos, el proyecto crea un Registro Público de Gestión de Intereses en el que deberán inscribirse quienes realicen actividades de lobby, obliga a informar clientes o beneficiarios de las gestiones y establece que funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso publiquen los encuentros mantenidos con representantes de intereses particulares.

Pese a que el oficialismo aspiraba a dictaminar la iniciativa durante junio para llevarla al recinto junto con otros proyectos de la agenda económica, el escenario aparece hoy más complejo. Las observaciones planteadas durante las reuniones informativas obligaron a abrir una instancia de revisión del texto y dejaron en suspenso los plazos originalmente previstos para su tratamiento.