Corredores Viales S.A.
19/06/2026 - Edición Nº1228
Política
Diputados
Rutas nacionales: el massismo quiere revertir una fallida prohibición del 2008
19/06/2026 | Un aspecto central del proyecto es distinguir entre la banquina técnica y las franjas exteriores al dominio vial. Cuál es la propuesta de Sebastián Galmarini.
El proyecto del legislador massista ya ingresó a la Cámara de Diputados.
El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó un proyecto de ley que propone autorizar a los municipios de todo el país a otorgar permisos para la explotación agrícola de las franjas de terreno adyacentes a las rutas nacionales.
La iniciativa apunta a regular una actividad que, según sostiene, continúa desarrollándose de manera informal pese a que fue prohibida hace casi dos décadas.
La propuesta establece que los gobiernos locales podrán administrar esos permisos bajo criterios técnicos fijados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el objetivo de generar recursos para infraestructura y garantizar condiciones de seguridad vial.
Qué se prohibió en 2008
El proyecto recuerda que hasta 2008 la Dirección Nacional de Vialidad celebraba convenios con productores agropecuarios para permitir el aprovechamiento de esos espacios fiscales.
Sin embargo, el 27 de noviembre de ese año, el organismo dispuso poner fin a esos acuerdos y prohibir la práctica en toda la red vial nacional. Entre los argumentos esgrimidos figuraban los riesgos para la seguridad vial, la degradación ambiental derivada del monocultivo, la interferencia de maquinaria agrícola con el tránsito, la posible contaminación por herbicidas y la falta de capacidad institucional del organismo para administrar ese tipo de convenios.
Galmarini sostiene que, diecisiete años después, la prohibición no logró erradicar la utilización de esas superficies y que el uso continúa desarrollándose de manera extendida, aunque sin regulación ni contraprestaciones económicas para el Estado.
"La respuesta adecuada no es la prohibición —que ha demostrado ser inaplicable— sino la regulación con condiciones claras, gestión municipal descentralizada y control técnico de la autoridad vial", sostiene en los fundamentos de la iniciativa.
La diferencia entre banquina y franja adyacente
Uno de los aspectos centrales del proyecto es distinguir entre la banquina técnica y las franjas exteriores al dominio vial.
La banquina, explican los fundamentos, cumple funciones esenciales para la seguridad del tránsito y queda expresamente excluida del régimen propuesto. En cambio, la ley se aplicaría únicamente sobre los terrenos fiscales ubicados más allá de ese sector y hasta el límite del dominio público vial.
Galmarini señala que este criterio ya se aplica desde 1985 en la provincia de Buenos Aires, a través de la Ley 10.342, y menciona experiencias de municipios como Lobería, Balcarce y 9 de Julio, donde esos espacios son licitados para generar recursos destinados a infraestructura rural.
Sebastián Galmarini, autor de la iniciativa
Qué propone el proyecto
La iniciativa faculta a los municipios atravesados por rutas nacionales a otorgar permisos de uso sobre las franjas adyacentes de los tramos habilitados por Vialidad Nacional. Los permisos serían precarios, onerosos y revocables y no generarían derechos reales sobre el dominio público.
La Dirección Nacional de Vialidad conservaría el rol de autoridad técnica y tendría entre sus funciones:
- Definir qué tramos pueden ser utilizados.
- Establecer las condiciones de seguridad vial.
- Determinar los cultivos permitidos.
- Aprobar o rechazar los permisos impulsados por los municipios.
- Suspender autorizaciones cuando existan razones de seguridad.
El proyecto también establece un retiro mínimo de 15 metros desde el borde de la calzada, prohíbe cultivos que afecten la visibilidad y exige que el acceso de maquinaria agrícola se realice por caminos laterales y no desde la ruta. Además, obliga a los productores a contratar seguros de responsabilidad civil y a cumplir con las normas vigentes sobre utilización de agroquímicos.
Prioridad para productores linderos
La propuesta otorga prioridad a los propietarios o poseedores legítimos de campos ubicados junto a los tramos habilitados. Si estos no manifiestan interés, los municipios podrán convocar a licitaciones o concursos abiertos, con prioridad para productores locales, cooperativas agrarias y organizaciones vinculadas con las economías regionales. Los permisos tendrían una duración máxima de un año agrícola, con posibilidad de renovación.
Los productores deberían abonar un canon equivalente al 20% del valor de la producción obtenida en esas franjas, calculado sobre los precios de referencia fijados por la Secretaría de Agricultura.
Según el proyecto, los fondos se repartirían de la siguiente manera:
- El 70% se destinaría al mantenimiento y mejora de caminos rurales y accesos a rutas nacionales.
- El 20% sería transferido a la Dirección Nacional de Vialidad para tareas de conservación y seguridad.
- El 10% restante se asignaría a un fondo municipal de seguridad vial.
La respuesta a las objeciones de 2008
En los fundamentos, Galmarini afirma que la iniciativa responde uno por uno a los argumentos que motivaron la prohibición de 2008.
"El argumento más sólido de entonces era la falta de capacidad institucional de la DNV para gestionar convenios agropecuarios", sostiene el legislador. Y agrega que el nuevo esquema elimina ese problema porque "la administración cotidiana queda en manos de los municipios, que conocen el territorio, los productores locales y las condiciones de cada tramo".
Asimismo, remarca que la Dirección Nacional de Vialidad conservará las funciones técnicas y de supervisión, mientras que las tareas administrativas quedarán descentralizadas.
