Un grupo de diputadas del PRO presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para convertir en norma el actual sistema de Pase Libre Multimodal, que garantiza la gratuidad del transporte público para personas con discapacidad, personas trasplantadas y otros beneficiarios contemplados por distintas leyes vigentes.
La iniciativa también incorpora herramientas digitales y busca unificar criterios en los 135 municipios de la provincia.
El Pase Libre Multimodal es el instrumento que permite acceder gratuitamente al transporte público terrestre y fluvial en servicios urbanos e interurbanos de la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, el sistema funciona a partir de la Resolución 55/2020 del Ministerio de Transporte bonaerense, que unificó y actualizó los mecanismos existentes para las personas con discapacidad y para quienes fueron trasplantados.
El beneficio se apoya en distintas normas nacionales y provinciales, entre ellas la Ley 10.592 y la Ley 14.721, pero el instrumento específico que regula su implementación tiene carácter administrativo y no legal.
La iniciativa, presentada por las diputadas Julieta Quintero Chasman, María Paula Bustos y Natalia Blanco, propone establecer por ley el Pase Libre Multimodal como único instrumento válido para acceder al beneficio en toda la provincia.
De esta manera, el sistema dejaría de depender de una resolución ministerial y pasaría a tener una base legal permanente.
Según el texto, el objetivo es brindar mayor seguridad jurídica, evitar cambios de criterio ante futuras administraciones y asegurar que todos los municipios bonaerenses queden obligados a aplicar el régimen.

Entre las principales novedades figura la creación de una aplicación móvil que funcionaría incluso sin conexión a internet.
La plataforma digital tendría las mismas características y validez que la tarjeta física, permitiendo a los usuarios acreditar el beneficio desde sus teléfonos celulares.
El proyecto establece una serie de reglas de accesibilidad que deberían exhibirse en terminales, boleterías y unidades de transporte.
Entre otros puntos, contempla:
Además, los pases otorgados con anterioridad continuarían siendo válidos hasta su vencimiento y no podrían ser retirados.

En los fundamentos, las autoras sostienen que una política pública de esta magnitud no debería depender de una resolución administrativa.
"Las personas con discapacidad no pueden estar cada cuatro años esperando que un nuevo ministro decida si sigue el pase o cambia el formato", señalaron.
También advirtieron que, al depender de convenios de adhesión, pueden existir diferencias entre municipios y generar situaciones desiguales entre los bonaerenses.
Asimismo, remarcaron que otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos, cuentan con sistemas respaldados por leyes.