La discusión sobre el futuro del trabajo volvió a instalarse en el Congreso nacional. Un grupo de diputados del peronismo presentó un proyecto para que la Argentina adhiera al nuevo convenio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una norma internacional que busca garantizar condiciones laborales más justas para millones de trabajadores que se desempeñan a través de aplicaciones de transporte y reparto.
La iniciativa fue impulsada por los legisladores Kelly Olmos, Cristian Andino y Hugo Moyano (h), quienes proponen incorporar al sistema legal argentino los principios del denominado “Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas”, aprobado el pasado 12 de junio por la comunidad internacional.
El proyecto reabre el debate sobre la regulación de aplicaciones como las utilizadas por repartidores y conductores, un sector que creció de manera exponencial durante los últimos años y que actualmente emplea a miles de personas en todo el país.
La propuesta surge pocos meses después de la sanción de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que estableció un marco regulatorio específico para las plataformas digitales.

La legislación vigente reconoce a los trabajadores como prestadores independientes y garantiza ciertas condiciones básicas, como la libertad para elegir horarios, operar en múltiples aplicaciones, acceder a capacitaciones gratuitas y contar con seguros contra accidentes.
Sin embargo, los impulsores del nuevo proyecto consideran que ese esquema resulta insuficiente para proteger los derechos laborales del sector.
Según argumentan, el convenio aprobado por la OIT incorpora herramientas que permitirían fortalecer la posición de los trabajadores frente a las empresas tecnológicas y otorgar mayores garantías en materia de ingresos, protección social y representación sindical.
Uno de los aspectos centrales del convenio internacional es el reconocimiento explícito del derecho de los trabajadores de plataformas a organizarse sindicalmente y participar en negociaciones colectivas para discutir salarios, ingresos y condiciones laborales.
Además, establece que las empresas deben garantizar acceso a sistemas de seguridad social en condiciones equivalentes a las que poseen otros trabajadores, un punto que actualmente genera controversias en numerosos países.

El texto también contempla mecanismos para evitar abusos vinculados al uso de algoritmos y sistemas automatizados. En particular, prevé que los trabajadores puedan solicitar revisiones cuando una decisión tecnológica derive en sanciones, bloqueos de cuentas o interrupciones en los pagos.
El convenio aprobado por la OIT representa el primer tratado internacional vinculante destinado específicamente a regular el trabajo en plataformas digitales.
Su elaboración demandó más de dos años de negociaciones entre gobiernos, sindicatos y representantes empresariales de los 187 países miembros del organismo.
Pese a la relevancia internacional de la iniciativa, los propios autores del proyecto reconocen que su tratamiento parlamentario enfrenta dificultades. La propuesta fue girada a la Comisión de Legislación del Trabajo, donde todavía no existe una fecha prevista para su debate.

Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de la economía digital continúa creciendo. El avance de las aplicaciones transformó la forma de trabajar de millones de personas y abrió interrogantes sobre cómo equilibrar flexibilidad, innovación tecnológica y protección laboral.
Con esta iniciativa, el peronismo busca que la Argentina se sume a una tendencia global que pretende actualizar los derechos laborales frente a los desafíos que plantea el trabajo en la era digital.
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