La muerte de un paciente de 67 años en una clínica privada de La Plata abrió una investigación judicial atravesada por un dato tan inusual como inquietante: parte de la documentación médica que podría explicar qué ocurrió durante su internación desapareció.
La denuncia fue impulsada por la familia del hombre, que reclama conocer en qué condiciones fue atendido durante más de dos meses de internación en la Clínica Althea, ex Clínica Vaccarini, donde finalmente falleció.
Con el correr de los días, el foco del expediente dejó de estar únicamente en la atención médica recibida y comenzó a concentrarse en una pregunta central: qué pasó con los registros clínicos del paciente.
Según la presentación judicial, los familiares solicitaron la historia clínica poco después del fallecimiento para reconstruir el tratamiento, los diagnósticos y las intervenciones realizadas por el equipo médico.
Pero el pedido derivó en una secuencia inesperada.
En un primer momento, aseguran haber recibido documentación perteneciente a otra persona. Luego, siempre según la denuncia, desde el centro de salud les comunicaron que no lograban ubicar la historia clínica del paciente ni otros registros vinculados a su tratamiento.
Esa situación encendió las alarmas y motivó la presentación penal.
Para la familia, la desaparición de esos documentos no solo resulta irregular, sino que podría comprometer seriamente la posibilidad de esclarecer las circunstancias de la muerte.
El abogado querellante, Ignacio Barrios, solicitó una serie de medidas urgentes orientadas a resguardar toda evidencia aún disponible dentro del establecimiento.
Entre los elementos requeridos figuran la historia clínica en soporte físico y digital, registros de medicación, libros de guardia y grabaciones de cámaras de seguridad.
El objetivo es reconstruir con precisión qué ocurrió durante la internación y establecer si existieron inconsistencias, omisiones o alteraciones en los registros.
Otro punto que sumó interrogantes al caso es el certificado de defunción.
Según denunciaron los familiares, ese certificado habría sido confeccionado sobre la base de documentación médica que actualmente no aparece. Ese dato amplió el alcance de la investigación.
La Justicia deberá determinar ahora si se trató de una desorganización administrativa, una negligencia grave o un eventual intento de ocultar información sensible.
En esta etapa inicial no se descartan hipótesis de mala praxis, irregularidades institucionales ni posibles responsabilidades penales.
Mientras avanza la causa, la familia insiste en que la principal respuesta sigue faltando: no solo quieren saber por qué murió su ser querido, sino también qué pasó con los papeles que podrían contarlo.