La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Mediante la Resolución 1297/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se estableció un incremento del 2,10% para junio, en línea con la inflación registrada en mayo.
La medida se adoptó en un contexto de fuerte tensión con los prestadores y las organizaciones del sector, que vienen realizando protestas y reclamando una recomposición más significativa de los valores del nomenclador, además de exigir que se regularicen las deudas y atrasos en los pagos.

La resolución establece que todos los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas tendrán un incremento uniforme del 2,10%, sin diferencias según el tipo de prestación. El porcentaje surge de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo.
Además, se ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia, tal como lo establece la Ley 24.901.
El Gobierno recordó que en mayo ya había aplicado una actualización del 2,60%, por lo que ahora dispuso un nuevo ajuste mensual siguiendo el esquema previsto por la normativa vigente.

Entre las prestaciones de categoría única, los nuevos valores para junio quedaron establecidos de la siguiente manera:
También se actualizaron las prestaciones correspondientes a las categorías A, B y C, que incluyen centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, hogares, residencias y pequeños hogares. Entre los valores más elevados de la categoría A figuran:
En los considerandos de la norma, la Secretaría Nacional de Discapacidad señaló que el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas propuso actualizar los aranceles para adecuarlos a la evolución de los precios y cumplir con lo establecido por la Ley 27.793.
Según se indicó, el ajuste busca mantener actualizados los valores del nomenclador tomando como referencia la inflación del mes previo.

La actualización llega en medio de una situación crítica denunciada desde hace meses por prestadores, transportistas, instituciones y familias de personas con discapacidad.
Las entidades sostienen que los aumentos mensuales no alcanzan para cubrir el incremento de los costos y advierten sobre el deterioro financiero que enfrentan numerosos centros y profesionales. A ello se suman las denuncias por demoras en los pagos y por deudas acumuladas de obras sociales y financiadores.
La crisis derivó en diversas jornadas de protesta y movilizaciones en distintos puntos del país, en las que se reclamó la implementación plena de la emergencia en discapacidad y una recomposición más profunda del nomenclador.
Desde el sector sostienen que la actualización automática por inflación resulta insuficiente para recuperar el atraso acumulado y alertan sobre el riesgo que representa para la continuidad de las prestaciones y para el acceso a los servicios por parte de miles de personas con discapacidad.