Tras casi tres décadas de vigencia, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires derogó formalmente la prohibición que pesaba sobre el videojuego Carmageddon. Esta medida se concretó mediante la aprobación de la denominada "Ley de Hojarasca", una iniciativa parlamentaria diseñada para eliminar del ordenamiento jurídico aquellas normativas obsoletas, redundantes o fuera de época. De este modo, se dejó sin efecto la vieja legislación de 1998 que durante veintiocho años impidió la distribución, venta y alquiler legal de este título en el ámbito porteño.
El videojuego en cuestión, desarrollado por la empresa Stainless Games en 1997, se inspiraba directamente en el largometraje de 1975, Death Race 2000. Su propuesta consistía en un simulador de conducción ambientado en un entorno postapocalíptico donde, además de competir con automóviles modificados, los usuarios sumaban puntos atropellando peatones de manera macabra, otorgando mayor puntaje las víctimas jóvenes por su agilidad para esquivar los vehículos. Esta premisa motivó a las autoridades locales de finales de los noventa a vetarlo bajo el argumento de que promovía la violencia vial.

El ecosistema político y de prensa de aquel entonces solía estigmatizar el entretenimiento digital bajo la premisa de que las consolas y computadoras eran exclusivamente para el público infantil, ignorando el tono satírico y humorístico de la obra. Por eso, optaron por quitarlo de circulación sin demasiadas vueltas.
El fenómeno de la censura a este título no fue exclusivo de Argentina, sino que replicó debates internacionales provenientes de mercados europeos y de países vecinos como Brasil, donde el juego ya enfrentaba severas restricciones o modificaciones cosméticas, como el reemplazo de la sangre roja por un líquido verde. La normativa de Buenos Aires optó por prohibir un juego que, tranquilamente, hoy puede hasta ser considerado mucho menos violento que el GTA.
El camino hacia la regularización de este clásico de las computadoras comenzó a destrabarse gracias a un proyecto impulsado originalmente por el exlegislador Yamil Santoro. Dicha propuesta había obtenido un primer respaldo en abril de 2025, sirviendo como antecedente directo para que la actual gestión parlamentaria incluyera la norma dentro del paquete de limpieza de leyes perimidas. Con la sanción definitiva de la ley de desregulación general, el mercado de software de la capital finalmente dejó atrás una de sus censuras más insólitas.