Un soldado muerto en Olivos, perfiles falsos y una extorsión: la trama que ahora llega a juicio

Lo que comenzó con la muerte de un joven soldado en una garita de la Quinta Presidencial de Olivos terminó revelando una estructura criminal mucho más amplia. La Justicia federal pidió elevar a juicio oral la causa contra siete personas acusadas de integrar una banda que utilizaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para extorsionar hombres y obtener dinero bajo amenazas de denuncias penales.

La investigación, encabezada por el fiscal federal Federico Iuspa, apunta a una asociación ilícita que habría operado entre diciembre de 2025 y febrero de este año. Según la acusación, la organización no solo concretó al menos tres extorsiones, sino que en uno de esos casos el desenlace fue fatal: la muerte de Rodrigo Gómez, soldado del Regimiento de Granaderos a Caballo que prestaba servicio de custodia en la residencia presidencial de Olivos.

De acuerdo con el requerimiento presentado ante la jueza Sandra Arroyo Salgado, dos de los principales acusados dirigían la maniobra desde la Unidad 36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde allí, coordinaban el funcionamiento de una red que combinaba engaño digital, amenazas y circuitos de cobro mediante billeteras virtuales.

Cómo operaba la banda

La mecánica, según reconstruyó la fiscalía, estaba cuidadosamente diseñada. Todo comenzaba con perfiles falsos de mujeres creados en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch. Una vez iniciado el contacto con potenciales víctimas, la conversación era trasladada a WhatsApp, donde comenzaba la segunda etapa del engaño.

Horas después, aparecía una persona que se presentaba como la madre de la supuesta joven y advertía que la mujer en realidad era menor de edad. Bajo esa premisa, amenazaba con impulsar una denuncia penal.

Luego entraba en escena un tercer actor, que se hacía pasar por integrante de la Policía de la Ciudad utilizando incluso la identidad de un efectivo real. Con llamados telefónicos y presión constante, exigía transferencias de dinero a cambio de “resolver” el conflicto y evitar consecuencias judiciales.

Para los investigadores, no se trataba de maniobras improvisadas, sino de un esquema aceitado en el que cada integrante cumplía un rol preciso. Las cuatro mujeres imputadas, según la fiscalía, aportaban cuentas propias o de familiares para canalizar el dinero y facilitaban chips telefónicos utilizados por los internos.

El caso que destapó todo

La causa se abrió el 16 de diciembre, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Rodrigo Gómez, de 21 años, en una de las garitas de la Quinta de Olivos. El soldado se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión.

La investigación determinó que, un día antes de su muerte, Gómez había transferido 1.413.000 pesos a cuentas vinculadas con la organización. Ese movimiento encendió las alarmas y permitió reconstruir la maniobra extorsiva que, según la fiscalía, lo empujó a una situación límite.

Además del caso del soldado, los investigadores identificaron otros dos episodios concretos de extorsión: una víctima transfirió 15.000 pesos y otra depositó 116.000 pesos en distintas cuentas asociadas a los imputados.