Debate y objeciones
20/06/2026 - Edición Nº1229
Política
Polémica
La reforma judicial suma resistencias y crece la incertidumbre en la Justicia
20/06/2026 | La Junta Federal de Cortes advirtió que el decreto que modificó el sistema de designación de magistrados reduce la participación ciudadana.
La decisión del gobierno de Javier Milei de reformar por decreto el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores abrió un nuevo frente de conflicto institucional. Esta vez, las críticas llegaron desde la Junta F.ederal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad de Buenos Aires (JUFEJUS) rechazó formalmente el Decreto 467/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó aspectos centrales del procedimiento de designación de magistrados.
La entidad consideró que la norma representa un retroceso en materia de transparencia, participación ciudadana y representación federal.La declaración fue firmada por la presidenta de JUFEJUS, Emilia María Valle, junto a otras autoridades de la organización, y retoma una posición institucional que el organismo ya había expresado en 2024 frente a iniciativas similares. Según el documento, los cargos judiciales de mayor jerarquía exigen no sólo acreditar idoneidad técnica, sino también respetar principios vinculados a la equidad de género, la representación de las distintas regiones del país y la especialización profesional de quienes integran los tribunales.
Desde la institución sostienen que esos criterios no constituyen simples orientaciones políticas, sino obligaciones derivadas de la Constitución Nacional y de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. En consecuencia, emplear un procedimiento distinto al actual afectaría la calidad de la selección y podría los cargo en manos de personas que no necesariamente reúnan los requisitos que hoy se exigen.
El fin de las observaciones ciudadanas
Uno de los puntos más cuestionados del decreto es la eliminación de la instancia administrativa previa que permitía a universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos presentar observaciones o impugnaciones sobre los candidatos propuestos por el Ejecutivo antes de que los pliegos llegaran al Senado.
Para JUFEJUS, ese mecanismo había contribuido durante más de veinte años a fortalecer la legitimidad de los procesos de selección y a ampliar el control democrático sobre designaciones de alto impacto institucional.
🟦Decreto 467/2026: Un retroceso innecesario
— C.P.A.C.F (@CPACF) June 16, 2026
✔️El @CPACF expresa su preocupación por el dictado del Decreto 467/2026, mediante el cual se modifican los Decretos 222/2003 y 588/2003, que regulaban los procedimientos de selección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de…
Si bien el Senado conserva sus facultades constitucionales para analizar los pliegos y realizar audiencias públicas, la organización considera que la supresión de la participación previa reduce los niveles de transparencia y publicidad del procedimiento.
La discusión por el federalismo y la paridad
Otro aspecto objetado es la .eliminación de disposiciones que promovían una integración de la Corte Suprema basada en criterios de diversidad de género, procedencia regional y especialización jurídica
La Junta Federal sostiene que una Corte integrada exclusivamente bajo criterios de idoneidad formal desconoce la necesidad de reflejar la diversidad territorial y social que caracteriza al sistema federal argentino.
En esa línea, reclamó que la conformación de los máximos tribunales respete de manera simultánea los principios de capacidad técnica, representación federal, equilibrio de género y especialización profesional.
El argumento del Gobierno
Desde la Casa Rosada justificaron las modificaciones al sostener que los mecanismos eliminados resultaban redundantes frente al procedimiento que ya desarrolla el Senado durante el tratamiento de los pliegos. Además, argumentaron que la reforma busca agilizar la cobertura de vacantes judiciales y reducir demoras en los procesos de designación.
Sin embargo, para JUFEJUS la medida implica una reducción de garantías democráticas que contradice el principio de progresividad de los derechos y debilita herramientas que fortalecían la confianza pública en las instituciones.
Un nuevo capítulo en la disputa institucional
El pronunciamiento de las máximas autoridades judiciales provinciales se suma a las críticas que ya habían expresado colegios de abogados, especialistas en derecho constitucional y organizaciones vinculadas a la transparencia institucional.
La controversia vuelve a poner en debate uno de los temas más sensibles de la agenda judicial argentina: quiénes y bajo qué mecanismos deben participar en la designación de los jueces que integran los tribunales encargados de controlar la constitucionalidad de los actos de gobierno.
