Colombia llega este domingo 21 de junio a una segunda vuelta presidencial marcada por una pregunta más profunda que el resultado electoral: si el próximo Estado tendrá capacidad real para recuperar el control territorial frente a los grupos armados ilegales. La elección entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no solo definirá al sucesor de Gustavo Petro, sino también el tipo de respuesta frente a ELN, Clan del Golfo, disidencias de las FARC, Segunda Marquetalia y redes criminales regionales que disputan corredores de coca, minería, extorsión y frontera.
El desafío es concreto. La Fundación Ideas para la Paz advirtió que los grupos armados ilegales superaron los 27.000 integrantes al cierre de 2025 y crecieron más de 23% en un año, una cifra que muestra el deterioro de la seguridad después del acuerdo con las FARC. En ese contexto, el discurso de De la Espriella encuentra su punto más fuerte: presentar la seguridad no como un tema policial secundario, sino como la condición previa para que existan inversión, justicia, democracia local y autoridad del Estado.
El próximo gobierno recibirá un mapa fragmentado. En el Catatumbo y Arauca pesa el ELN; en Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y Caquetá actúan disidencias de las FARC; en el Caribe, Antioquia, Chocó y corredores hacia el Darién aparece la expansión del Clan del Golfo; y en zonas periféricas sobreviven estructuras menores como Los Pachenca o remanentes del EPL. No se trata solo de violencia rural: estos grupos condicionan alcaldías, economías ilegales, movilidad, contratación, campañas políticas y hasta la participación ciudadana.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido que el riesgo electoral 2025-2026 estaba asociado a dinámicas de hegemonía, consolidación, coexistencia o disputa territorial de grupos armados ilegales. Ese diagnóstico golpea directamente la tesis de la “paz total”: negociar sin recuperar capacidad coercitiva puede darle tiempo político y territorial a organizaciones que no buscan paz, sino control. Por eso, una eventual presidencia de De la Espriella intentaría instalar una idea simple y dura: sin monopolio estatal de la fuerza, la democracia queda administrada por actores armados.

El contraste con Cepeda es nítido. Su sector defiende una continuidad de la salida negociada y del enfoque social de la seguridad, mientras De la Espriella propone una línea de mano dura, libre mercado y confrontación frontal contra el crimen organizado. Esa diferencia ordena el balotaje: de un lado, la apuesta por insistir en acuerdos; del otro, la convicción de que el Estado debe volver primero al territorio, proteger al ciudadano y después negociar solo desde una posición de fuerza.
La tarea será difícil incluso para un gobierno más firme. Ningún presidente puede desmontar en pocos meses estructuras que combinan fusiles, cocaína, minería ilegal, rutas migratorias, extorsión y redes políticas locales. Pero el domingo Colombia votará también sobre el límite de la paciencia social frente a ese deterioro. El argumento favorable a De la Espriella es que su candidatura interpreta mejor ese cansancio: un país con más de 27.000 hombres armados por fuera de la ley no necesita administrar la amenaza, sino reconstruir autoridad, castigo penal y presencia estatal permanente.