Balotaje en Colombia: qué cambia si Cepeda insiste en negociar con el ELN

Iván Cepeda llega al balotaje colombiano con una vulnerabilidad política que su campaña intenta convertir en virtud: su relación histórica con los procesos de paz y su disposición a seguir negociando con estructuras armadas ilegales. Para sus defensores, esa trayectoria lo presenta como un constructor de acuerdos. Para sus críticos, lo expone como el candidato que vuelve a confiar en organizaciones que durante décadas secuestraron, extorsionaron, asesinaron y disputaron el territorio al Estado colombiano.

El problema no es solo biográfico ni simbólico. Cepeda participó como facilitador en las conversaciones que condujeron al acuerdo de 2016 con las FARC y que ahora promete continuar los esfuerzos de Gustavo Petro para alcanzar la paz con grupos armados ilegales. Esa definición lo coloca en el centro de una discusión incómoda: Colombia no vota únicamente entre izquierda y derecha, sino entre una política que insiste en sentar a los violentos en la mesa y otra que plantea recuperar primero la autoridad estatal.

La paz como coartada

La principal debilidad de Cepeda es que su apuesta ocurre después de años de deterioro territorial. El ELN sigue activo, las disidencias de las FARC ocupan corredores estratégicos, el Clan del Golfo expandió su poder criminal y varias regiones viven bajo economías de coca, minería ilegal, extorsión y control armado. En ese contexto, prometer nuevos diálogos no suena a audacia institucional, sino a repetición de una fórmula agotada: más mesas, más comunicados, más gestos políticos y menos control efectivo sobre quienes mandan con fusiles.

El caso del ELN resume ese dilema. La guerrilla sigue clasificada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera y el Centro Nacional de Contraterrorismo la describe como una estructura que realiza ataques armados, asesinatos, extorsiones y secuestros. Frente a ese actor, Cepeda propone retomar conversaciones y buscar un acuerdo definitivo. La crítica es directa: cuando el Estado negocia sin fuerza suficiente, el grupo armado no llega a la mesa derrotado, sino fortalecido por el tiempo, el territorio y la impunidad acumulada.

Cepeda carga el costo político de insistir en negociar con grupos armados.

Una continuidad incómoda

La candidatura de Cepeda también arrastra el peso político de Gustavo Petro. Reuters lo ubica como el aspirante que quiere profundizar las reformas económicas y sociales del actual gobierno, además de continuar su política de paz. Ese dato es central porque la llamada paz total quedó asociada a una expansión de actores ilegales, disputas entre bandas armadas y una percepción creciente de que el Estado habla demasiado con los violentos y protege poco al ciudadano común.

Colombia vota si continúa la paz total o recupera autoridad territorial.

Por eso, el contraste con Abelardo de la Espriella favorece una lectura más dura del momento colombiano. De la Espriella propone orden, ofensiva contra el crimen y autoridad estatal; Cepeda ofrece negociación, reforma social y continuidad del método Petro. En una Colombia donde los grupos armados ilegales condicionan territorios enteros, la pregunta del domingo es si el país quiere otro gobierno dispuesto a tratar al terrorismo como interlocutor político o uno decidido a recordarle que ningún fusil puede estar por encima de la República.