Tucumán: la ley que podría borrar posteos en 6 horas y encendió alarma en medios

Un proyecto de ley impulsado en la Legislatura de Tucumán abrió una fuerte controversia política al proponer un mecanismo judicial exprés para eliminar contenidos considerados calumniosos o injuriantes en redes sociales, portales digitales y medios online. La iniciativa ya obtuvo dictamen favorable en comisión y enfrenta cuestionamientos por su posible impacto sobre la libertad de expresión.

La propuesta fue presentada por el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse y habilita a un juez penal a ordenar la eliminación o desindexación de publicaciones en un plazo máximo de seis horas. La decisión podría tomarse sin que el autor del contenido o el medio involucrado tengan la posibilidad de realizar un descargo previo.

Críticas por el alcance de la medida

El proyecto contempla publicaciones realizadas en redes sociales, portales web, diarios digitales y plataformas de comunicación masiva. Para sus detractores, la amplitud de la norma abre la puerta a mecanismos de censura y restricciones al debate público.

Desde La Libertad Avanza Tucumán expresaron su rechazo y advirtieron que cualquier persona que considere afectada su reputación ya cuenta con herramientas legales para recurrir a la Justicia. En ese sentido, señalaron que la iniciativa representa un riesgo para garantías constitucionales vinculadas a la libertad de expresión.

La diputada nacional Soledad Molinuevo sostuvo que la propuesta “habilita abusos arbitrarios”, mientras que el exministro del Interior Lisandro Catalán replicó la postura libertaria y cuestionó cualquier intento de limitar la circulación de opiniones e información.

Los mismos que llevan décadas hundiendo a Tucumán ahora pretenden avanzar sobre la libertad de expresión. Quieren controlar las críticas porque no pueden defender los resultados. Nosotros vamos a defender la libertad de cada tucumano frente a cualquier intento de censura. https://t.co/Gyt5GrC82L

— Lisandro Catalán (@catalanlisandro) June 19, 2026

Jaldo tomó distancia y anticipó un veto

La polémica escaló hasta llegar al propio gobernador Osvaldo Jaldo, quien buscó despegarse de la iniciativa pese a que fue presentada por un integrante de su espacio político.

“El proyecto, tal como está, va camino al veto”, afirmó el mandatario provincial, quien aclaró que la propuesta todavía debe atravesar el debate legislativo antes de una eventual aprobación.

En la misma línea se manifestaron sectores cercanos al vicegobernador Miguel Acevedo, desde donde aseguraron que no acompañarán ninguna norma que afecte el ejercicio periodístico o limite la libertad de prensa.

Los cambios y la defensa del proyecto

Frente a las críticas, el texto fue modificado respecto de su versión original. Entre los cambios más relevantes se excluyó de este mecanismo a funcionarios públicos y dirigentes electos, quienes no podrán solicitar este tipo de medidas cautelares.

Además, se incorporó una cláusula que obliga a los jueces a rechazar cualquier planteo cuando exista una duda razonable sobre si el contenido cuestionado constituye una opinión, una crítica o información de interés público.

Aun así, Vargas Aignasse defendió la iniciativa y aseguró que el objetivo es proteger a ciudadanos comunes frente a campañas de difamación y hostigamiento digital. “No es censura. Es poner límites a la mentira deliberada y a la violencia en redes”, argumentó.

Quien diga que nuestro proyecto (medida cautelar digital violencia en redes) es para proteger políticos está faltando a la verdad.

El texto excluye expresamente a funcionarios públicos y cargos jerárquicos del Estado.

La ley protege a los ciudadanos comunes frente a las…

— Geronimo Vargas Aignasse (@GeroVAignasse) June 20, 2026

Por ahora, el proyecto no tiene fecha de tratamiento en el recinto. Sin embargo, el debate ya quedó instalado y expuso diferencias dentro del oficialismo tucumano sobre los límites entre la protección de la reputación y la libertad de expresión.