Una intervención penitenciaria que, en principio, buscaba controlar un conflicto entre detenidas terminó bajo la lupa judicial por presuntos delitos de extrema gravedad. La Justicia investiga si agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense desplegaron un operativo violento en el penal de mujeres de Magdalena que derivó en torturas, tormentos físicos y abusos sexuales.
La causa provocó el apartamiento preventivo de diez agentes del SPB, entre ellos autoridades de la Unidad Penal N° 51 y efectivos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), señalados por haber participado del procedimiento cuestionado.
La medida fue ordenada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense mientras avanzan los sumarios administrativos y la investigación penal encabezada por el fiscal platense Álvaro Garganta.
Según la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N° 11 de La Plata, los hechos ocurrieron entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente, en coincidencia con las movilizaciones por el Ni Una Menos.

Todo se habría desencadenado tras una pelea menor entre dos internas. A partir de allí, personal penitenciario irrumpió en uno de los pabellones, utilizó gas pimienta en espacios cerrados y bloqueó las salidas, según la acusación.
La presentación judicial sostiene que varias detenidas fueron obligadas a desnudarse frente a efectivos varones y que, ante la resistencia, comenzaron episodios de violencia extrema.
El escrito de la CPM describe prácticas que podrían configurar torturas. Entre ellas, golpizas reiteradas e inmersiones forzadas en piletones con agua para dificultar la respiración.
Además, al menos dos internas denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales con acceso carnal en el sector de la escuela del penal.
La investigación también apunta a posibles maniobras de encubrimiento posteriores. Entre los hechos bajo análisis figuran el traslado de tres denunciantes a otras dependencias y la presunta destrucción de pertenencias personales.
Mientras avanzan las pericias médicas y la recolección de pruebas, la pesquisa busca determinar el alcance de las responsabilidades penales dentro de la estructura penitenciaria.