El Partido Justicialista de Salta dio un nuevo paso en su proceso de normalización institucional con la presentación de 24 listas para participar de las elecciones internas convocadas para el próximo 2 de agosto. El cierre de esta primera etapa del cronograma electoral dejó un dato político que llamó la atención dentro y fuera de la provincia: ninguna de las nóminas estaría vinculada al kirchnerismo.
La convocatoria fue impulsada por el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta, designado por la Justicia Electoral para encauzar la vida interna del partido tras una larga disputa por su conducción. Según trascendió, entre las listas presentadas figuran dos correspondientes a la Juventud Peronista y otras 22 que representan distintos sectores de la Capital y del interior salteño.

Desde el espacio político cercano al gobernador Gustavo Sáenz destacaron la amplia participación territorial y dejaron abierta la posibilidad de avanzar hacia una lista de unidad en las próximas semanas, en un intento por evitar una interna fragmentada.
La presentación de listas corresponde únicamente a la reserva de nombres y la acreditación de apoderados, por lo que todavía no se conocen los candidatos que competirán por la conducción partidaria. Esa definición llegará entre el 24 y el 27 de junio, cuando se abra formalmente el período de inscripción de postulantes.

Hasta entonces se espera una intensa ronda de negociaciones entre los distintos sectores que buscan representación dentro del PJ salteño. El objetivo de algunos dirigentes es reducir la cantidad de listas mediante acuerdos políticos que permitan llegar a agosto con una estructura más ordenada.
La ausencia de espacios identificados con el kirchnerismo aparece como uno de los datos más relevantes del escenario actual. En el peronismo provincial interpretan que el proceso de reorganización se está desarrollando bajo una lógica local, con fuerte influencia de los sectores que mantienen diálogo con la gestión provincial.
La crisis institucional del PJ salteño se profundizó en febrero de 2025, cuando el Consejo Nacional del partido decidió intervenir el distrito que hasta entonces conducía Esteban Amat Lacroix. La medida derivó en una larga disputa judicial que incluyó fallos cruzados y cuestionamientos sobre la legalidad de la intervención.
En mayo de este año, la jueza María Servini concluyó que la intervención partidaria había derivado en un vaciamiento institucional que afectó los derechos de los afiliados y resolvió avanzar con una intervención judicial para garantizar la normalización del espacio.
A partir de esa decisión, Gambetta quedó al frente del proceso con la obligación de convocar elecciones transparentes y rendir informes periódicos ante la Justicia. Las internas previstas para agosto aparecen ahora como el primer gran examen para una estructura partidaria que busca recuperar estabilidad después de más de un año de conflictos internos.