La jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini dispuso la suspensión cautelar de los aportes públicos destinados a Patria Grande Capital Federal, la fuerza política referenciada en Juan Grabois, tras detectar serias inconsistencias en la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024.
La medida fue adoptada luego de que el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral y la Fiscalía interviniente concluyeran que la agrupación no logró acreditar adecuadamente el origen de los fondos privados declarados, la identidad de los aportantes ni el recorrido de los recursos ingresados a las cuentas partidarias.
La resolución -a la que NewsDigitales tuvo acceso- aplicó la sanción prevista en el artículo 66 bis de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y ordenó suspender preventivamente la entrega de fondos estatales hasta que se regularice la situación.
El expediente se originó a partir de la presentación del balance partidario realizada en marzo de 2025. Durante la auditoría, los peritos contables detectaron una serie de observaciones que impidieron emitir un dictamen favorable sobre los estados contables.
Entre las principales irregularidades señaladas figuran la falta de declaraciones juradas de aportantes exigidas por la legislación vigente, inconsistencias entre los ingresos bancarios registrados y los nombres consignados en los anexos contables, además de la ausencia de documentación externa que permitiera validar la información aportada por el partido.
Según el fallo, gran parte de los datos fueron presentados mediante planillas confeccionadas por la propia agrupación política, sin respaldos independientes que permitieran corroborar su autenticidad.
Con el objetivo de reconstruir el circuito financiero, el juzgado requirió información a las empresas Mobbex Argentina y Payway, mencionadas por las autoridades partidarias como plataformas utilizadas para canalizar los aportes.
Las respuestas obtenidas profundizaron las dudas de la Justicia. Payway informó que Patria Grande no figura entre sus clientes y que no registraba operaciones vinculadas a la agrupación. Mobbex, por su parte, explicó que actúa únicamente como pasarela tecnológica de pagos y que no interviene en la acreditación final de los fondos.
A criterio del tribunal, la documentación reunida no permitió identificar de manera individual a los aportantes ni verificar el recorrido efectivo del dinero ingresado.
Ante este escenario, Servini resolvió suspender cautelarmente la entrega de aportes públicos y otorgó al partido un plazo de quince días para presentar, a través del sistema Lex 100, toda la documentación necesaria para acreditar la identidad de los donantes y demostrar que los fondos fueron efectivamente canalizados mediante los mecanismos declarados.
La magistrada advirtió además que, en caso de incumplimiento, podrá declararse no acreditado el origen y destino de los recursos recibidos por la agrupación. La decisión ya fue comunicada a la Dirección Nacional Electoral y a la Cámara Nacional Electoral para hacer efectiva la retención de los fondos públicos hasta tanto se resuelva la situación contable del partido.