El Gobierno nacional avanzó en la apertura de la renegociación de los convenios colectivos de trabajo en el sector público, en línea con los cambios impulsados por la reforma laboral. Las convocatorias comenzaron a llegar a distintos organismos del Estado, entre ellos PAMI, ANSES y ACUMAR.
El objetivo oficial es revisar los acuerdos vigentes en el empleo público, en un contexto de reordenamiento general de las relaciones laborales tanto en el sector privado como estatal.
ÚLTIMO MOMENTO!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 21, 2026
EL GOBIERNO AHORA CONVOCA A RENEGOCIAR CONVENIOS EN EL ESTADO!!
SE TRATA DE UN CHANTAJE Y UNA EXTORSIÓN!!
Estamos ante una PRESIÓN O AMENAZA que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios que se encuentran contemplados en… pic.twitter.com/64NqRSm5MA
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la medida y la definió como “una herramienta de extorsión y chantaje”.
El dirigente sostuvo que el Gobierno busca “obligar a los estatales a resignar derechos y beneficios contemplados en los convenios colectivos” mediante presión en el marco de las negociaciones.
Según Aguiar, la convocatoria no se da en condiciones de libertad paritaria sino en un contexto de “intimidación” que apunta a la reducción de derechos laborales.
ATE remarcó que, si bien los trabajadores están dispuestos a discutir los convenios colectivos, esa discusión debe realizarse en condiciones de igualdad y sin condicionamientos previos.
En ese sentido, Aguiar advirtió que la Secretaría de Trabajo habría dejado de actuar como mediadora para convertirse, según su visión, en “el brazo ejecutor del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo”.
También alertó sobre el impacto inmediato de la renegociación en ítems salariales específicos, como bonos y adicionales, que podrían verse afectados durante el proceso de discusión.
La rediscusión de convenios se inició en el sector privado tras cambios normativos vinculados a la ultraactividad de los acuerdos colectivos, y ahora se extiende al ámbito estatal.
Las notificaciones enviadas desde el Ministerio de Capital Humano alcanzan a distintos organismos públicos, en lo que el Gobierno plantea como una revisión integral de los marcos laborales vigentes.
Aunque aún no se definieron fechas concretas para las audiencias, el sindicato confirmó que participará de las instancias de discusión. Sin embargo, anticipó que rechazará cualquier modificación que implique cambios en las condiciones laborales y salariales actuales. El escenario abre así un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y los gremios estatales en el marco de la reforma laboral en curso.