La negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias volvió a ingresar en una zona crítica. Sin avances concretos en las paritarias, el sindicato que conduce Roberto Fernández advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza que afectarían el servicio de colectivos, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde el gremio sostienen que los trabajadores acumulan una fuerte pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y cuestionan tanto a las empresas como al Gobierno nacional por la falta de respuestas. La discusión salarial lleva meses sin resolución y la tensión crece a medida que se profundiza el atraso de los ingresos de los choferes.
Fernández fue quien puso en palabras el malestar interno al advertir que “los días pasan y la paz social peligra”, una frase que en el sector fue interpretada como una señal de alerta sobre posibles protestas si no aparece una propuesta que destrabe el conflicto.
Las cámaras empresarias rechazan las acusaciones y aseguran que no cuentan con margen financiero para otorgar aumentos. Argumentan que la reducción y el retraso en los subsidios estatales complican el funcionamiento cotidiano de las compañías y limitan cualquier posibilidad de mejorar los salarios.
El conflicto expone una vez más las dificultades del esquema de financiamiento del transporte público, donde los empresarios sostienen que sin asistencia estatal resulta imposible absorber mayores costos laborales sin trasladarlos al precio de los boletos.
Mientras tanto, el Gobierno nacional sigue de cerca una negociación que podría derivar en nuevas complicaciones para millones de usuarios que dependen diariamente de los colectivos para movilizarse.
Aunque por ahora no existe una convocatoria formal a un paro, la UTA mantiene la amenaza latente. Entre las alternativas que evalúa el sindicato aparecen reducciones en la frecuencia de los servicios y posibles interrupciones parciales de la actividad.

El reclamo central apunta a obtener una actualización salarial equivalente a la inflación acumulada durante el segundo trimestre del año. Desde el gremio consideran que cualquier oferta por debajo de ese nivel consolidaría la pérdida de ingresos que vienen sufriendo los choferes.
Con las negociaciones estancadas y sin señales de acercamiento entre las partes, el conflicto amenaza con escalar en los próximos días y volver a colocar al transporte público en el centro de la agenda política y social.