QR antirrobo: el proyecto que afectaría a repartidores de Rappi o PedidosYa en PBA

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires analiza un proyecto impulsado por el legislador massista Roberto Vázquez que propone la creación de un Sistema Provincial de Identificación y Seguridad de Bicicletas (SPISB), con el objetivo de reducir el robo de rodados, aumentar las posibilidades de recupero y desalentar la comercialización ilegal.

La iniciativa plantea la conformación de un registro específico para bicicletas y establece mecanismos de identificación que permitan acreditar la propiedad de cada unidad, además de brindar herramientas para las fuerzas de seguridad y para el diseño de políticas públicas vinculadas a la movilidad sustentable.

Cómo funcionaría el registro de bicicletas

La propuesta establece la creación de un Registro Provincial de Bicicletas, donde deberán inscribirse los rodados a través de sistemas de identificación que podrán adaptarse a distintas tecnologías.

El proyecto evita atar la normativa a un único método específico, permitiendo la utilización de grabados, códigos QR u otros sistemas que puedan desarrollarse en el futuro.

Según los fundamentos de la iniciativa, esa "neutralidad tecnológica" busca impedir que la ley quede obsoleta con el paso del tiempo y facilitar la adopción de alternativas más eficientes y económicas.

El sistema también prevé la creación de un Fondo Provincial de Seguridad de Bicicletas destinado a financiar su implementación y sostenimiento.

Un problema que afecta especialmente a trabajadores y estudiantes

Entre los fundamentos de la iniciativa, Vázquez sostiene que el robo de bicicletas tiene un impacto social particularmente significativo en la provincia de Buenos Aires.

"La bicicleta cumple una función social crítica como medio de transporte para millones de trabajadores informales, estudiantes y personas de bajos recursos", argumenta el proyecto.

El texto agrega que la pérdida de una bicicleta puede representar para muchas personas la imposibilidad de llegar al trabajo o incluso la necesidad de endeudarse para reemplazar el rodado.

Por ese motivo, la iniciativa sostiene que la medida tiene una dimensión de "justicia social" que excede la cuestión estrictamente vinculada a la seguridad.

Protección de datos personales

Uno de los aspectos contemplados en el proyecto es la protección de la información de los usuarios.

La iniciativa establece que los datos del registro estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales y de la legislación provincial vigente.

Además, se prohíbe expresamente la utilización de la información con fines comerciales, estadísticos o de marketing. El acceso de las fuerzas de seguridad quedaría limitado a actuaciones concretas y debidamente documentadas.

Los titulares de las bicicletas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión previstos por la normativa vigente.

Campañas de concientización y articulación con políticas de movilidad

La iniciativa también contempla campañas permanentes de educación y concientización dirigidas a ciudadanos, escuelas, organizaciones sociales, comercios y fuerzas de seguridad.

El objetivo es fomentar el uso del registro, promover la denuncia de robos y fortalecer el respeto por los derechos de propiedad.

Asimismo, el sistema se integraría con las políticas provinciales de movilidad sustentable e infraestructura ciclista para generar información que permita diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Un informe anual sobre el funcionamiento del sistema

El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo remita cada año a la Cámara de Diputados un informe detallado sobre el funcionamiento del SPISB.

Ese documento incluiría la cantidad de bicicletas registradas, su distribución territorial, las denuncias por robo, las tasas de recupero, las sanciones aplicadas y una evaluación del impacto del programa. El informe tendría carácter público.

En los fundamentos, Vázquez sostiene que la Provincia posee competencias suficientes para avanzar con una regulación específica debido a que las bicicletas no cuentan con un régimen registral nacional obligatorio.

En ese sentido, el texto señala que, a diferencia de los automotores, las bicicletas carecen de un registro federal, por lo que la intervención legislativa provincial no genera conflictos con las competencias nacionales.

Cuánto costaría implementar el sistema

El análisis de impacto regulatorio incluido en la iniciativa indica que la marcación de cada bicicleta tendría un costo estimado de entre 2 y 8 dólares por unidad, dependiendo de la tecnología utilizada.

Según el proyecto, ese valor representaría entre el 0,5% y el 2% del precio de una bicicleta de gama media y podría ser absorbido por la cadena comercial o trasladado al consumidor de manera limitada.

En ese sentido, entre los efectos esperados, el diputado massista menciona la reducción del mercado negro de bicicletas, un aumento en las tasas de recupero de rodados robados, una mayor confianza ciudadana en el sistema de seguridad y la generación de información útil para planificar infraestructura ciclista.