El Gobierno de Javier Milei enfrentará esta semana una de las discusiones económicas más importantes del año en el Congreso. La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para debatir el denominado Súper RIGI, una iniciativa que busca ampliar el régimen de incentivos para atraer grandes inversiones en sectores considerados estratégicos para el desarrollo productivo del país.
La propuesta forma parte de la estrategia oficial para posicionar a la Argentina como un destino competitivo para el desembarco de capitales internacionales en actividades de alto valor agregado y tecnologías de frontera.
Desde la Casa Rosada sostienen que el proyecto permitirá acelerar la llegada de inversiones que actualmente se dirigen a otros mercados de la región y generar un nuevo ciclo de crecimiento basado en la innovación y las exportaciones.
A diferencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vigente, el nuevo esquema estará destinado exclusivamente a proyectos que desarrollen actividades inéditas en el país o que todavía se encuentren en etapas experimentales.
Entre los sectores incluidos aparecen la inteligencia artificial, la fabricación de semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital, las baterías de litio, el hidrógeno de bajas emisiones, los pequeños reactores nucleares, los vehículos eléctricos, la industria petroquímica de nueva generación y la tecnología aeroespacial.

El objetivo es impulsar industrias que puedan convertir a la Argentina en un actor relevante dentro de las cadenas globales de valor durante las próximas décadas.
Uno de los aspectos más atractivos para los inversores es el paquete de beneficios contemplado por el proyecto.
La iniciativa prevé una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15%, amortización acelerada de inversiones, exenciones para exportaciones e importaciones vinculadas a los proyectos y un régimen de estabilidad fiscal y regulatoria por un plazo de 30 años.

Además, incorpora facilidades para el acceso al mercado cambiario y mecanismos específicos de resolución de controversias que buscan otorgar mayor previsibilidad jurídica a las empresas interesadas.
Según el Gobierno, este conjunto de incentivos permitirá competir con países que actualmente lideran la captación de inversiones tecnológicas y energéticas a nivel global.
El acceso al régimen estará reservado para emprendimientos de gran escala.
Las compañías interesadas deberán comprometer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares y realizar al menos el 20% del desembolso comprometido durante los primeros dos años de ejecución.
Otro punto central es que los proyectos deberán desarrollarse mediante vehículos empresariales exclusivos y no podrán estar vinculados a instalaciones preexistentes ni a emprendimientos ya incorporados al RIGI tradicional.

De esta forma, el Gobierno busca garantizar que los beneficios estén destinados únicamente a nuevas actividades económicas con capacidad de generar un fuerte impacto productivo.
Aunque el oficialismo logró reunir el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR, el MID y bloques provinciales, el proyecto también despertó cuestionamientos.
Especialistas y dirigentes opositores plantean dudas sobre el impacto fiscal del régimen, la pérdida de recaudación, los beneficios otorgados a grandes corporaciones y la posibilidad de que las empresas locales queden en desventaja frente a inversores internacionales.
A pesar de las críticas, el Gobierno considera que el Súper RIGI es una herramienta fundamental para acelerar el ingreso de divisas, generar empleo calificado y diversificar la matriz productiva argentina.
La votación de este miércoles será seguida de cerca por el mercado, los inversores internacionales y los gobernadores, ya que podría definir el futuro de algunos de los proyectos tecnológicos y energéticos más ambiciosos previstos para la próxima década.
ND