Multas de $80 millones por negacionismo en PBA: qué propuso Malena Galmarini

La senadora bonaerense Malena Galmarini presentó un proyecto de ley para sancionar a quienes nieguen o minimicen públicamente los crímenes de la última dictadura militar en la Argentina (1976-1983). La iniciativa crea el "Consejo Provincial contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado" y establece multas de entre 40 y 80 millones de pesos para quien incurra en esas conductas.

El proyecto, presentado en el Senado de la provincia de Buenos Aires, alcanza específicamente a las personas que se desempeñen en la función pública provincial, en cualquier nivel y jerarquía. La sanción aplica tanto a empleados de planta permanente como a funcionarios políticos, sin importar si su cargo es electivo, remunerado o no.

Galmarini, senadora de Fuerza Patria y referente del Frente Renovador, justificó la iniciativa con una comparación internacional: "En Argentina, no se ha incorporado leyes que penalicen el negacionismo frente al Terrorismo de Estado", señaló, y mencionó los casos de Alemania e Italia, donde sí existen normas específicas contra la negación de los crímenes del nazismo y el fascismo.

Cómo funcionaría la multa

El proyecto fija un mecanismo de sanción económica atado a un parámetro salarial, no a un monto fijo en pesos. La multa equivale a entre el 50% y el 100% del sueldo mensual de un Oficial Subayudante de la Policía bonaerense.

Esa referencia se traduce hoy en un rango de entre 40 y 80 millones de pesos, aunque el monto exacto puede variar según las actualizaciones salariales de ese cargo policial.

La sanción no es la única consecuencia prevista. El texto también habilita el decomiso de todo material que se use para propagar conductas negacionistas. Además, contempla que la multa pueda reemplazarse por la obligación de cursar una capacitación obligatoria sobre la dictadura y los derechos humanos.

Qué se considera "negacionismo" según el proyecto

El artículo 2 del proyecto define con precisión qué conductas quedarían comprendidas. Son seis supuestos:

• Negar que existió el Terrorismo de Estado o el plan de exterminio que aplicó la dictadura.
• Minimizar la gravedad de esos hechos.
• Justificar los crímenes de la represión ilegal, "bajo el pretexto que fuere".
• Reivindicar, de forma directa o indirecta, el accionar de personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad.
• Equiparar el accionar de grupos armados particulares con el accionar de las fuerzas del Estado durante la dictadura.
• Desacreditar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia o las sentencias de los juicios de lesa humanidad.

La iniciativa aclara que crear delitos penales no es una facultad de las provincias, sino del Congreso nacional. Por eso, el proyecto avanza por la vía de una infracción administrativa provincial, no de una figura del Código Penal.

Quién controlaría el cumplimiento de la ley

El proyecto crea un organismo específico: el Consejo Provincial contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado. Estaría integrado por representantes de:

• El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.
• La Comisión Provincial por la Memoria.
• El Defensor del Pueblo.
• La Dirección General de Cultura y Educación.
• Organismos de derechos humanos.

Entre sus funciones, el Consejo deberá elaborar un protocolo de "buenas prácticas" para medios de comunicación, sistematizar casos de conductas negacionistas y recibir denuncias. También deberá presentar un informe anual ante la Legislatura bonaerense con un detalle de los casos tramitados.

Qué pasaría en las escuelas

El proyecto no se limita a la función pública. También establece un capítulo educativo: todos los establecimientos de gestión pública y privada deberán incluir contenidos sobre la dictadura, adaptados a cada edad, con el objetivo de "preservar la Memoria, Verdad y Justicia".

La norma fija una sanción específica para docentes: cualquier expresión negacionista frente a alumnos se consideraría "falta grave" y sería sancionada según lo determine la autoridad educativa.

Además, el Estado bonaerense deberá mantener una base de datos digital, accesible para toda la ciudadanía, con los textos completos de tres documentos clave:

• El Informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Nunca Más).
• La sentencia del Juicio a las Juntas, conocido como Causa 13/84.
• Las sentencias completas de los juicios de lesa humanidad realizados en el país.

Por qué Galmarini impulsa este proyecto ahora

La senadora vinculó la iniciativa con la política de Derechos Humanos del Gobierno de Javier Milei, al que apuntó directamente en los fundamentos del proyecto. Sostuvo que existió un "Pacto democrático" entre distintos sectores de la sociedad —incluidos organismos de derechos humanos, legisladores, fiscales y jueces— que se mantuvo "hasta el 10 de diciembre de 2023", fecha en la que Milei asumió la presidencia.

"Resulta indispensable la Memoria, Verdad y Justicia", remarcó Galmarini en el texto presentado ante el Senado bonaerense.

El antecedente más reciente de esa disputa es el video oficial que el Gobierno nacional difundió el 24 de marzo pasado, al cumplirse 50 años del golpe de Estado. La pieza, de más de una hora, reivindicó el concepto de "memoria completa" —una idea que propone juzgar también las acciones de los grupos guerrilleros de los años 70— y fue criticada por organismos de derechos humanos.

Qué pasa con esta ley en otros países

El modelo que cita el proyecto de Galmarini ya existe en Europa. En Alemania, por ejemplo, negar el Holocausto es delito desde hace décadas. En 2022, el Bundestag —el Congreso alemán— amplió esa norma para sancionar también la negación de otros genocidios y crímenes de guerra, siempre que esas declaraciones fomenten el odio o alteren la paz pública.

Italia tiene una legislación similar para los crímenes del fascismo. El proyecto bonaerense toma esos dos países como referencia directa para justificar la necesidad de una norma equivalente sobre los crímenes de la dictadura militar argentina.

Qué falta para que se convierta en ley

El proyecto de Galmarini ingresó como expediente en el Senado de la provincia de Buenos Aires y todavía debe pasar por el trabajo en comisiones antes de poder ser votado en el recinto.

El Senado bonaerense atraviesa, además, una situación particular: según la propia Galmarini reconoció días atrás, la Cámara lleva más de seis meses sin sesionar, en medio de la interna que divide al peronismo provincial entre los sectores de Fuerza Patria, La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. Esa parálisis legislativa es, hoy, el principal obstáculo para que cualquier proyecto, incluido este, llegue a discutirse en el recinto.

TM