Sospechas en plena búsqueda de justicia
23/06/2026 - Edición Nº1232
Política
Tragedia naval
ARA San Juan: la fiscalía dice que era evitable y pide condenas a exjefes de la Armada
23/06/2026 | Solicitó penas de prisión de hasta cinco años para exmandos navales al considerar que conocían las fallas del submarino y permitieron que siguiera operando.
El ARA San Juan junto a sus tripulantes, antes de la tragedia ocurrida en noviembre de 2017.
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan ingresó en su etapa decisiva con un duro alegato de la fiscalía, que pidió condenas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada y sostuvo que la tragedia que causó la muerte de los 44 tripulantes pudo haberse evitado.
Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los representantes del Ministerio Público Fiscal concluyeron que los imputados conocían las deficiencias operativas y técnicas que presentaba el submarino, pero igualmente autorizaron su continuidad en servicio.
“El resultado era predecible”, afirmaron los fiscales al sintetizar la acusación, en la que describieron una serie de decisiones y omisiones dentro de la cadena de mando que, según sostienen, terminaron derivando en la tragedia.
Las penas solicitadas
La fiscalía requirió las penas más elevadas para el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis Enrique López Mazzeo, y para el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide. Para ambos solicitó cinco años de prisión.
Además, pidió cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años para Hugo Miguel Correa. Los cuatro acusados llegaron al juicio en libertad.
Según los fiscales, los imputados disponían de información suficiente para advertir los riesgos que implicaba la navegación del ARA San Juan y debieron haber adoptado medidas para impedir que la embarcación continuara operando en esas condiciones.
Qué se juzga en el proceso
El debate oral comenzó el 3 de marzo de este año en Río Gallegos y tiene como eje determinar si existieron incumplimientos dentro de la estructura de mando naval que contribuyeron al hundimiento del submarino.
Los cuatro acusados están imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Durante el proceso, la fiscalía y las querellas buscaron reconstruir las decisiones adoptadas en los meses previos a la tragedia, el estado operativo de la nave y el nivel de conocimiento que tenían las autoridades responsables sobre los problemas técnicos detectados.
Las fallas que quedaron bajo la lupa
Uno de los ejes centrales del juicio son las advertencias previas sobre el estado del submarino. Durante la investigación surgieron informes y observaciones que alertaban sobre problemas de mantenimiento, dificultades en distintos sistemas y la necesidad de realizar controles más exhaustivos.
La fiscalía remarcó durante los alegatos que algunas de esas señales fueron desatendidas y que incluso se postergaron inspecciones de seguridad que podían resultar determinantes.
“Se priorizó la realización de operaciones por sobre una inspección de seguridad”, señalaron los representantes del Ministerio Público al referirse a una revisión que, según la acusación, debía concretarse antes de la tragedia y fue diferida para diciembre de 2017.
En las primeras audiencias, además, los fiscales calificaron el hundimiento como una "tragedia previsible" y sostuvieron que existían elementos suficientes para advertir los riesgos que enfrentaba la embarcación.
Las diferencias entre las querellas
El juicio también estuvo atravesado por diferencias entre los familiares de las víctimas respecto de la profundidad que debía alcanzar la investigación.
Uno de los planteos más relevantes fue impulsado por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes, quien reclamó nuevas pericias sobre cerca de cinco terabytes de imágenes y videos obtenidos del submarino.
Según sostuvo, ese material podría aportar información adicional sobre los momentos finales de la embarcación y permitir una reconstrucción más precisa de lo ocurrido.
Sin embargo, otros sectores de la querella expresaron reparos sobre la conveniencia de avanzar con nuevas medidas de prueba en esta etapa del proceso por el riesgo de prolongar aún más el juicio.
La discusión sobre las responsabilidades políticas
Uno de los aspectos más sensibles de la causa es que el proceso oral se concentra exclusivamente en responsabilidades militares.
La investigación no avanzó sobre funcionarios políticos del gobierno de entonces y tampoco forman parte del juicio el expresidente Mauricio Macri ni exautoridades nacionales.
De esa manera, el debate quedó circunscripto a determinar si existieron fallas operativas, errores de conducción o incumplimientos dentro de la cadena de mando de la Armada que contribuyeron al desenlace fatal.
La etapa final del juicio
Tras los alegatos de la fiscalía será el turno de las querellas representadas por Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra. Luego expondrán las defensas antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia.
El debate es encabezado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini y prevé ingresar en las próximas semanas en su tramo final.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Un año después, los restos del submarino fueron hallados a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur, cerrando una intensa búsqueda internacional pero abriendo una investigación que, casi nueve años después de la tragedia, busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de sus 44 tripulantes.
