La discusión sobre una eventual interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrió una inesperada controversia política en torno a un proyecto de ley impulsado hace 16 años por Patricia Bullrich, cuando integraba la Coalición Cívica como diputada nacional.
La iniciativa, presentada en 2010 bajo el expediente 3219-D-2010, buscaba reglamentar el artículo 101 de la Constitución Nacional y establecer un procedimiento específico para la moción de censura y la remoción del jefe de Gabinete.
El antecedente fue rescatado por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que la doctrina defendida entonces por Bullrich es exactamente la misma que hoy invoca la oposición para avanzar sobre Manuel Adorni.
"Adorni debe ser interpelado según la doctrina de Patricia Bullrich", planteó el legislador.
ADORNI DEBE SER INTERPELADO SEGÚN LA DOCTRINA DE PATRICIA BULLRICH
— maxi ferraro (@maxiferraro) June 23, 2026
Hoy veremos si los diputados y senadores de La Libertad Avanza, y sus aliados, están dispuestos a contradecir no solo la Constitución sino también a @PatoBullrich, quien la semana pasada acordó en Labor… pic.twitter.com/Qc8Ko6YGcQ
La controversia se produce en vísperas de la sesión prevista para este miércoles en el Senado, donde la oposición intentará aprobar una interpelación contra el jefe de Gabinete.
La discusión gira alrededor de una cuestión reglamentaria clave. La Casa Rosada sostiene que, al tratarse de un proyecto de resolución sin dictamen de comisión, su habilitación requiere una mayoría agravada de dos tercios de los presentes. Ese umbral aparece mucho más difícil de alcanzar para los bloques opositores.
Sin embargo, la semana pasada, durante una reunión de Labor Parlamentaria, la senadora Patricia Bullrich había avalado una interpretación diferente y aceptado que el asunto pudiera ser tratado directamente por el pleno de la Cámara con mayoría simple. Posteriormente, ante la presión del Gobierno, convocó a una nueva reunión para revisar lo acordado. Será hoy a las 18 horas.

La iniciativa elaborada por Bullrich partía de una premisa: la responsabilidad política del jefe de Gabinete ante el Congreso constituye una herramienta prevista por la reforma constitucional de 1994 y nunca reglamentada.
"Esta es una indudable deuda que tiene el Congreso de la Nación para con sí mismo", sostenían los fundamentos.
El texto establecía que cualquiera de las dos cámaras podía convocar una interpelación y que el tratamiento podía realizarse en sesión ordinaria o especial.
Pero el punto más importante aparecía en el artículo 6°: "El voto de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Nación será suficiente para censurar al Jefe de Gabinete de Ministros".
La iniciativa tampoco exigía dictámenes previos ni establecía un paso obligatorio por las comisiones parlamentarias.

Si aquella reglamentación hubiera sido aprobada, la situación de Manuel Adorni sería considerablemente más delicada.
La oposición no tendría que atravesar el recorrido previo por las comisiones ni depender de interpretaciones reglamentarias sobre los proyectos sin dictamen. La cuestión podría ser tratada directamente por el pleno del Senado.
Este martes, a las 18 horas, habrá reunión de Labor Parlamentaria, donde se definirá el destino del miércoles. Habrá que ver si domina el espíritu de Bullrich del 2010 o la interpretación de la Casa Rosada.
El asunto es que si prospera la “doctrina Bullrich” del 2010, se podría sentar un precedente peligroso: cualquier jefe de Gabinete futuro quedaría a tiro de ser removido por el Congreso si el oficialismo no cuenta con muchos legisladores.

La prioridad del Gobierno es evitar que Adorni quede expuesto a una rápida escalada parlamentaria.
Si el oficialismo consigue imponer la interpretación de los dos tercios, el proyecto podría quedar bloqueado y el jefe de Gabinete obtendría una importante bocanada de oxígeno político. Al menos en el Senado.
En cambio, si prospera el criterio defendido inicialmente por Bullrich y por sectores opositores, Adorni tendría que comparecer ante el Senado el próximo 2 de julio, fecha en la que además debe presentar su informe de gestión.
La intención de la Casa Rosada es evitar una confrontación inmediata y llevar la discusión a un terreno más favorable.

El diputado Maximiliano Ferraro recordó que la actual senadora no sólo fue autora del proyecto de 2010, sino que además la semana pasada volvió a sostener una interpretación similar.
"No lo hizo por casualidad ni por especulación política. Lo hizo porque eso mismo sostuvo en 2010", afirmó.
Según Ferraro, la ex presidenta del PRO defendía entonces que "las cámaras pueden reunirse y aprobar la interpelación y la moción de censura por mayoría absoluta, sin dictámenes ni condicionamientos previos de comisión".
"¿Van a desconocer hoy lo que Bullrich defendió hace años? ¿Van a inventar obstáculos reglamentarios para proteger a un jefe de Gabinete que ya perdió la confianza de millones de argentinos?", cuestionó.
También advirtió que sería "muy desprolijo" que los legisladores de La Libertad Avanza terminaran contradiciendo antecedentes parlamentarios construidos por la propia Bullrich.
Que obsesión conmigo querido @maxiferraro Te sugiero que revises bien el proyecto que señalás, ya que en su artículo 3 éste, refuerza el rigor de mi argumento, respecto a que todo asunto tratado sobre tablas requiere mayoría de 2/3.
— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) June 23, 2026
Veamos el caso en debate, los 6 proyectos sobre… https://t.co/JsiV0OMRuW pic.twitter.com/i1m4SLToE4
En los fundamentos del proyecto, la entonces diputada argumentaba que la creación del jefe de Gabinete buscó introducir un mecanismo de control político sobre el Poder Ejecutivo y atenuar el tradicional presidencialismo argentino.
"La facultad de votar tanto la moción de censura como la remoción del jefe de Gabinete es una facultad innegable que tiene raigambre constitucional", sostenía.
La iniciativa remarcaba que el vínculo entre el Congreso y el jefe de Gabinete constituye una de las principales herramientas de control entre poderes.
Sin embargo, desde la reforma constitucional de 1994 nunca se aprobó una ley que reglamente específicamente ese mecanismo.