El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó un gasto por un total de $9.023.566,64 destinado al pago de servicios de traslados de pacientes del programa Incluir Salud, correspondientes al mes de mayo de 2026.
La decisión fue formalizada a través de una resolución de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red, que detalló que las prestaciones fueron realizadas por tres prestadores privados.
Según el texto oficial, los pagos fueron distribuidos entre tres prestadores que comparten apellido: Federico Della Torre, María Silvina Della Torre y Nicolás Della Torre, quienes brindaron el servicio de traslado de pacientes en el marco del esquema de atención del programa sanitario.
La documentación no muestra ninguna irregularidad, pero sí abre interrogantes sobre el grado de concentración de proveedores y los mecanismos de contratación utilizados para un servicio sensible del sistema de salud.
Los montos autorizados fueron los siguientes:
En conjunto, las prestaciones alcanzaron el monto total de $9.023.566,64.
La importancia de la resolución trasciende el monto involucrado. Se trata de recursos públicos destinados a garantizar el acceso de pacientes a prestaciones de salud, un servicio cuya continuidad depende tanto de la disponibilidad presupuestaria como de la estructura de contratación utilizada por el Estado.
Los traslados forman parte de las prestaciones destinadas a pacientes del programa Incluir Salud, que cubre atención médica para personas sin cobertura formal dentro del sistema de salud.
Este tipo de servicios suele ser tercerizado mediante contrataciones específicas con prestadores privados, que se encargan de la logística de traslado para tratamientos, consultas o derivaciones.
La resolución establece que el gasto será imputado al presupuesto de la jurisdicción correspondiente, y ordena a las áreas técnicas resguardar la documentación respaldatoria de las prestaciones realizadas.
Asimismo, instruye la continuidad del procedimiento administrativo para la contratación del servicio bajo los mecanismos previstos en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 2095).
El sistema de traslados de pacientes en el ámbito sanitario porteño se apoya en una red de prestadores externos, encargados de cubrir la demanda de movilidad de pacientes dentro del sistema público.
En este caso, la resolución refleja la utilización de servicios tercerizados para una prestación clave dentro del circuito de atención sanitaria, pero deja una pregunta en el aire: ¿Por qué tres prestadores con el mismo apellido concentraron la totalidad de los pagos incluidos en esta resolución?