Dos años presa sin sustento: la Provincia ahora deberá pagar $126 millones

La Cámara Civil y Comercial de Mercedes condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar con $126,8 millones a una mujer que permaneció detenida durante más de dos años acusada de un homicidio y que finalmente fue absuelta por falta de pruebas.

El tribunal revocó una decisión de primera instancia y concluyó que la prisión preventiva se apoyó en elementos probatorios insuficientes, configurando un supuesto de responsabilidad estatal por administración irregular de justicia. El fallo, además, incluye fuertes observaciones sobre la actuación de los órganos judiciales que intervinieron en la causa penal.

Una acusación que se desarmó en el juicio

La investigación se originó tras el homicidio de Fabián Héctor Martínez, ocurrido en 2013 en la localidad de Moreno. La mujer fue detenida junto a su yerno y procesada bajo la hipótesis de haber instigado el crimen para facilitar un robo.

La prisión preventiva se sostuvo principalmente en dos elementos: mensajes de texto en los que la imputada expresaba preocupación por la desaparición de la víctima, y la declaración de un testigo de identidad reservada que afirmó que ella habría “entregado” a Martínez para su asalto.

Con ese cuadro probatorio, la Justicia consideró configurado el estándar de sospecha suficiente para mantenerla detenida durante el avance del proceso.

El giro en el juicio oral

El punto de inflexión llegó en el debate oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4. Durante el juicio, el fiscal desistió de la acusación al concluir que no existían pruebas suficientes para sostener la imputación.

El representante del Ministerio Público incluso desestimó la declaración del testigo protegido, uno de los pilares centrales de la acusación inicial, al señalar que podría estar vinculado a maniobras de armado de causas falsas. Ante la falta de sustento probatorio, el tribunal ordenó la libertad inmediata de los acusados y luego dictó la absolución.

Dos años y dos meses de prisión preventiva

La Cámara destacó que la mujer permaneció detenida durante dos años y dos meses. En ese lapso, presentó múltiples pedidos de morigeración de la prisión preventiva. Alegó arraigo, ausencia de antecedentes penales y la responsabilidad de cuidado de cuatro hijos, entre ellos dos menores y uno con discapacidad.

Sin embargo, todos los planteos fueron rechazados. Para los camaristas, las distintas instancias judiciales sostuvieron la detención pese a la debilidad del cuadro probatorio y sin un control suficiente de la hipótesis acusatoria.

Una crítica inusual al funcionamiento judicial

El tramo más contundente del fallo está en el análisis de la actuación judicial durante la etapa penal. La Cámara consideró que existió una “manifiesta carencia de sustento lógico” en las resoluciones que ordenaron y mantuvieron la prisión preventiva.

Respecto de los mensajes de texto, el tribunal sostuvo que su contenido no excedía una conducta compatible con la preocupación lógica ante la desaparición de una persona cercana. Sobre el testigo de identidad reservada, señaló que sus dichos eran vagos, no corroborados y carentes de respaldo independiente.

En ese marco, el tribunal encuadró el caso dentro de los supuestos excepcionales reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema para responsabilizar al Estado por decisiones judiciales irrazonables.

La indemnización

El monto total fijado asciende a $126.800.000. De esa suma, $100 millones corresponden al daño moral derivado de la privación ilegítima de la libertad, mientras que $26,8 millones fueron reconocidos por incapacidad psicológica permanente.

Al cuantificar el resarcimiento, la Cámara consideró las secuelas emocionales de la detención, la ruptura del núcleo familiar, la pérdida de oportunidades laborales y el impacto sobre uno de sus hijos, que padece hidrocefalia.